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Llibres de dret constitucional, processal i polític
A Abacus disposem de la millor selecció de llibres de dret constitucional, processal i polític. Navega entre centenars de manuals, toms i exemplars imprescindibles per a l'estudi d'aquesta disciplina. Compra llibres de dret constitucional, processal i polític online. En aquesta secció trobaràs un gran nombre de llibres de dret constitucional, processal i polític per a complementar la formació universitària reglada en Dret i augmentar els coneixements en matèria de legalitat i jurisprudència. En la nostra selecció disposem de toms sobre la Llei d'Enjudiciament Criminal i Civil, Llei orgànica del poder judicial, diferents versions de la Constitució espanyola i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, la Constitució de Weimar, manuals sobre Dret Constitucional i Sistema processal espanyol, entre altres.
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La obra Derecho Procesal Penal tiene por objeto el análisis y explicación del Proceso Penal, atendiendo a sus instituciones fundamentales como son: los principios constitucionales, las medidas cautelares, la investigación y prueba de los hechos en el proceso penal y los procedimientos que se siguen en esta materia. La sistemática seguida se fundamenta en la voluntad de ofrecer el máximo de conocimiento e información para conseguir un máximo de entendimiento de la materia. A ese fin, seguimos un modelo de explicación de las cuestiones que se fundamenta en los textos principales en los que se contienen las referencias precisas para el correcto análisis y comprensión de las instituciones de un modo directo y accesible. Textos que se refuerzan con los párrafos necesarios, en letra más pequeña, y notas a pie de página donde se contienen, en su caso, ulteriores precisiones o informaciones sobre cada una de las materias objeto de explicación. También es destacable la jurisprudencia que se acompaña para una mejor aplicación de las instituciones. De ese modo entendemos se conjugan las necesidades de los usuarios, que pueden tener un distinto nivel de interés o exigencia respecto a los temas tratados.
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Este libro analiza las aportaciones efectuadas por el Tratado de Maastricht tras su entrada en vigor, así como su eficacia y vigencia a día de hoy, a la luz de las nuevas circunstancias y evolución del proyecto comunitario. En esta obra, diferentes expertos en Derecho comunitario de distintos estados miembros de la Unión Europea analizan, desde diferentes áreas y perspectivas jurídicas, las aportaciones que en su día supuso el Tratado de Maastricht, y su repercusión en el proceso de integración europea, centrándose sobre todo en los aspectos relacionados con la evolución democrática de la Unión Europea y en el proceso de integración económica desde las nuevas perspectivas sociales y medioambientales aportadas por Maastricht.
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Podría parecer que los reyes no vuelven, pero ocurre, pasó en Francia, paso en Grecia y paso en España, por eso la clarificación es necesaria, pues nunca se sabe que puede pasar. Saber quien es el depositario de los derechos dinásticos a la Corona de Portugal o de Francia, es una cuestión necesaria, pues el Rey, reine o no reine, siempre es el Rey, nadie daba un duro por el Rey de Francia en 1793, guillotinado, y en 1814 había Rey, un rato, en la unidad de tiempo de las monarquías, los siglos, no pudieron con el Rey puesto que el Rey es inmortal, de ello el saludo que resume todo lo dicho: El Rey ha muerto, ¡Viva el Rey.
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Este Manual de Derecho Constitucional va dirigido a los estudiantes de Derecho de Facultades y Escuelas Universitarias en las que se imparten asignaturas de Derecho Constitucional y de introducción a nuestro sistema constitucional y a nuestro ordenamiento jurídico. Sus autores son profesores de las Universidades de Granada, Málaga y Las Palmas, con un alto grado de especialización en los temas de cuya redacción se han encargado. En este segundo volumen se analiza el sistema de derechos y libertades así como las instituciones y los órganos constitucionales.
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La anterior publicación del Inéditos sobre la Constitución de 1978 de Manuel García-Pelayo, dejo fuera tres escritos elaborados en forma de dictámenes sobre la función del Rey en la Constitución, inicialmente dirigidos a quien entonces detentaba la Corona y al que luego sería presidente del Gobierno, Felipe González, que ahora -casi cincuenta años después- salen a la luz pública por primera vez. En ellos se expresa la postura del profesor García-Pelayo sobre la posición del monarca como órgano activo dotado de un innegable cometido político-constitucional. Lejos del Rey neutral sueco o del monarca gubernamentalizado que ideará Mussolini, el Rey en España es, para García Pelayo, un actor constitucional de primera magnitud y no un convidado de piedra. Un actor que cumple una misión cuya sentido exacto sólo se llega a percibir en el conjunto del juego institucional y que además de ser compatible con la democracia la favorece y le confiere una estabilidad muy acusada. Se trata en definitiva de tres estudios separados que, como señala Javier Tajadura en el estudio de contextualización que acompaña al libro, mantienen una notable coherencia interna y que acreditan que García-Pelayo fue un constitucionalista atento a la verdad efectiva de las cosas, muy lejano al actual positivismo ramplón que hoy impera en los estudios de la materia.
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Esta edición de la Ley de Enjuiciamiento Criminal recoge su texto actualizado. La norma se presenta cumplidamente anotada y concordada, introduciendo en nota los Acuerdos de los Plenos no jurisdiccionales de la Sala Segunda del TS. El libro contiene, además, una tabla de disposiciones que han modificado la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como las últimas disposiciones que introducen modificaciones, y aquellas normas más importantes que complementan el texto de la Ley procesal penal. Durante la vigencia de la presente edición, la normativa reproducida en este volumen que vaya teniendo modificaciones en el contenido de su texto principal podrá consultarse a través de la página web www.tecnos.es.
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El régimen jurídico aplicable a los funcionarios públicos presenta una gran complejidad, pues son muchas las normas legales y reglamentarias que lo regulan y que además son objeto de frecuentes modificaciones. El presente libro, en una nueva edición totalmente actualizada, expone y analiza la legislación vigente sobre el régimen general de la función pública, que hoy se aplica también, en parte, a otros empleados públicos que no son funcionarios, añadiendo las referencias oportunas a la legislación especial aplicable a determinados grupos de funcionarios. Se explica en él la evolución de ese régimen jurídico en su contexto histórico y se interpreta la legislación vigente con ayuda de una cuidada selección de jurisprudencia del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y, en los aspectos pertinentes, de los Tribunales europeos. El libro es el resultado de años de docencia del autor en la cátedra de Derecho Administrativo, así como de su experiencia como abogado y asesor de diferentes Gobiernos y Administraciones Públicas, entre la que figura haber sido el Presidente de la Comisión oficial nombrada en su día para el estudio y preparación del Estatuto Básico del Empleado Público. Por su estructura y contenido, el libro se destina a quienes se adentran o desean profundizar en el estudio del régimen del empleo público en Facultades y Escuelas universitarias o a quienes preparan su ingreso en la función pública. También se ofrece como obra de consulta para quienes tienen la responsabilidad de desarrollar y aplicar el Derecho de la función pública: autoridades y gestores públicos, funcionarios, jueces y abogados.
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Esta nueva edición, anotada y concordada, presenta el texto completo de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, puesto al día conforme a las últimas reformas operadas. Le acompañan las normas complementarias más importantes, igualmente actualizadas, entre las que destacan: - Ley de la Jurisdicción Voluntaria y Código Civil. Leyes Orgánicas sobre Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, y reguladora del Derecho de Rectificación. - Ley de Sociedades de Capital, Leyes de Sociedades Laborales, de Garantía Recíproca y de Cooperativas. - Leyes de Competencia Desleal, Patentes, Marcas, Propiedad Intelectual, General de Publicidad, Condiciones Generales de la Contratación, Venta a Plazos de Bienes Muebles, y Cambiaria y del Cheque. - Ley y Reglamento Hipotecario, y Leyes de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de Posesión, Arbitraje, Asistencia Jurídica Gratuita y de Partidos Políticos. - Leyes para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, y de Protección Jurídica del Diseño Industrial. - Ley Concursal, Ley de cooperación jurídica internacional en materia civil, Ley sobre restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio español o de otro estado miembro de la unión europea. Durante el curso 2024-2025, la normativa reproducida en este volumen que vaya teniendo modificaciones en el contenido de su texto principal podrá consultarse a través de la página web www.tecnos.es.
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En esta obra se estudia la significación y el alcance que presenta el derecho fundamental a la libertad religiosa, en perspectiva estatal, internacional y europea, a fin de contribuir a la definición de su objetivo específico. Seguidamente, se analiza la titularidad del derecho, exponiendo tanto su dimensión subjetiva, esto es, individual y colectiva, como su no menos notable dimensión objetiva o institucional. Esta última requiere el análisis de la trascendencia adquirida por los principios de laicidad del Estado y de cooperación con las confesiones. Una vez fijado ese marco ineludible, la obra aborda el conocimiento de las diversas fuentes normativas que ordenan, derivadamente, la regulación del fenómeno religioso en España. Seguidamente, se exponen sistemáticamente, las distintas y complementarias formas de protección que se otorgan a la libertad religiosa. El régimen patrimonial, económico y fiscal de las confesiones, habida cuenta de su extraordinaria significación, merece, también una exposición adecuada a su importancia. Y asimismo, se exponen las distintas manifestaciones de la asistencia que prestan las confesiones, en orden a hacer plenamente efectivo el derecho fundamental de referencia, en los ámbitos militar, penitenciario, hospitalario, asistencial y educativo. Además, como novedad de esta edición, se aborda la cuestión de la enseñanza de la religión en los centros educativos. Dada su trascendencia práctica, la obra concluye con el estudio de los diferentes sistemas matrimoniales y, en concreto, detallando la regulación del matrimonio en España.
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La Introducción al Derecho Procesal se articula en este libro en 16 capítulos agrupados en 5 Partes. La Parte I plantea los diferentes métodos de resolución de conflictos, y a continuación desarrolla el estudio de tres conceptos que llamamos básicos porque de su comprensión deriva la del resto de las instituciones y nociones de esta rama del ordenamiento: acción, jurisdicción y proceso. Pero el derecho procesal se actúa ante los tribunales. Por tanto presupuesto del conocimiento del derecho procesal es el de todos los juzgados, tribunales y audiencias ante los que ha de actuarse, en los que se imparte Justicia por los jueces y magistrados legalmente predeterminados, con la colaboración y el auxilio de diversas personas, cada una de las cuales ejerce la función que le encomienda la ley. Se trata del ''Personal de la Jurisdicción'', contemplado junto con la organización jurisdiccional en la Parte II. Sólo puede afirmarse que ''se hace Justicia'' cuando ésta es impartida con pleno respeto de una serie de garantías esenciales, consagradas en nuestra Constitución como derechos fundamentales y como principios rectores del Derecho procesal, que son por ello objeto de atención en la Parte III. En la Parte IV se analizan todos los aspectos relativos a los actos procesales, que son aquellos que tienen una incidencia directa en el proceso. Por último es preciso el conocimiento de las personas que pueden intervenir en un proceso concreto (por tener las capacidades requeridas y estar legitimadas) así como la identificación del objeto que diferencia ese proceso de cualquier otro y lo individualiza, cuestiones desarrolladas en la Parte V, donde además se especifican los criterios de atribución de competencia judicial, y los elementos del objeto del proceso civil y del penal.
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El sábado 1 de julio de 1933, Anatole de Monzie, ministro de Educación del gobierno Daladier, acompañado del rector del Ateneo de París, abría sigilosamente la puerta de la khâgne del Lycée Henri IV y se sentaba a escuchar la última lección de un agregé de filosofía al que sus alumnos conocían por Émile Chartier y que firmaba sus Propos con el seudónimo de Alain. A la salida del aula, todos se dirigieron a la estancia en que se ofrecía un vino en honor al profesor, cuando, de repente, alguien cayó en la cuenta de que el homenajeado se había escabullido discretamente por la puerta de atrás, rehuyendo de manera humilde, a la vez que harto elocuente, el tributo que el Estado se disponía a brindarle en su jubilación, convencido de que en una República la única opción legítima era vivir y actuar honestamente como ciudadano y que semejante devoción no merecía recompensa alguna. Aquel profesor -en palabras de René Capitan- encarnaba la ideología de la III.ª República, era el gran mentor de la idea radical que había servido para construir el discurso republicano francés que en el siglo XX se expandiría por Europa y buena parte de América Hispana.
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El propósito de este libro es ofrecer una exposición sistemática, aunque de carácter introductorio, sobre las nociones fundamentales concernientes a la ejecución procesal civil. La obra ha sido ideada para que pueda servir de guía didáctica a los est
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La libertad de expresión siempre ha estado perseguida. Al poder siempre le ha asustado que circulen libremente mensajes que se escapan de su control. Así que las amenazas actuales no son ninguna novedad. Sin embargo, en nuestros días, por primera vez en siglos, aceptamos casi unánimemente que todo el mundo debe poder expresar sus ideas aunque sean molestas para el poder. O incluso, sobre todo, si son molestas para el poder. Al menos, en teoría. En la práctica, es un derecho que a menudo se queda en nada. Al contrario que los demás derechos fundamentales, parece que la libertad de expresión no tuviera un contenido esencial intangible para los poderes públicos. Este libro intenta acabar con esa idea. Se centra en aclarar qué es exactamente la libertad de expresión y ofrece una idea concisa pero profunda de su régimen jurídico. Parte de los antecedentes históricos que muestran cuándo y por qué el poder político tomó conciencia del poder de las palabras. Narra cómo intentó controlarlas y cómo, frente a ello, se ha ido abriendo paso de manera lenta pero imparable la idea de que no hay democracia sin libre intercambio de ideas. Explica luego, de manera accesible para el lego en derecho, cómo aparece regulada en nuestra Constitución y en qué casos la ciudadanía puede invocarla para expresarse con la seguridad de no poder ser molestado por ello. Traza, al final, el panorama actual y las amenazas actuales de la libre expresión, que a menudo no se esconden tanto bajo la forma de la dictadura sino de lo políticamente correcto o el discurso del odio. En definitiva, pretende servir como auténtica guía de uso de la libertad de expresión.
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Esta obra está destinada a estudiantes de las Facultades de Derecho, Ciencias Políticas, Relaciones Laborales y otros centros universitarios en los que el sistema jurídico de la Comunidad Autónoma de Andalucía forma parte de los programas docentes. En ella se ofrece una introducción al Derecho Autonómico de Andalucía centrada en el marco normativo básico establecido por el Estatuto de Autonomía.Los autores de este libro son Catedráticos de Derecho constitucional que se han dedicado durante muchos años al análisis del Estado autonómico y de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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La edición conjunta de la Constitución española de 1978 y del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid ofrece a juristas, instituciones y ciudadanía una compilación completa de las normas fundamentales que definen el marco constitucional y estatutario de la Comunidad Autónoma. A través de los índices analíticos que se incorporan al final de los textos se realiza una ordenación temática del material normativo destinada a facilitar su consulta individualizada o comparativa.En la edición del Estatuto de la Comunidad de Madrid se ha incorporado la previsión de la Ley 29/2010, de 16 de julio (BOE de 17 de julio), del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad de Madrid y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, que modifica el apartado 1 de la Disposición Adicional 1.ª del Estatuto.
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El constitucionalismo moderno se asienta en las ideasde unidad, uniformidad y homogeneidad: un Estado soberano, una nación, un derecho, una estructura burocrática e institucional, una cultura, una identidad. Talunidad y uniformidad no constituyen la ratificacióndeuna realidad preexistente, sino una ruptura violentacon el pasado ejercida en la medida de los interesesdel capitalismo que ha implicado la destrucción omarginalización de naciones, derechos, culturas e identidades que coexistían en el mismo territorio geopolítico. Este modelo, proclamado superior y de interésuniversal, ha sobrevivido a los procesos de descolonización política y se ha difundido por vía de un canonjurídico eurocéntrico, colonial, que cimenta la línea abismal, excluyendo, desvalorizando y haciendo invisiblesdiferencias étnicas, culturales, jurídicas, religiosas, regionales, entre otras. En este contexto,los procesos de refundación del Estado y de transformación constitucional que han venido ocurriendo en algunos países del Sur global asumen una relevancia queno es sólo local o de interés jurídico. Nos estamos refiriendo a movimientos políticos que desafían el carácter colonial del Estado y del Derecho, irguiendo las banderas de la interculturalidad, del pluralismo jurídico,de la demodiversidad, de la plurinacionalidady de laparticipación ciudadana. Este libro pretendeprofundizar en el conocimiento de estos movimientosque en lasúltimas décadas han venido a cuestionar elconstitucionalismo moderno, impulsados por actores sociales colectivos que la modernidad ha excluido, como las comunidades indígenas en América Latina o la mayoría oprimida bajo el régimen del apartheid en Sudáfrica, cuyasvoces se alzaron en medio de duras luchassociales y de identidad.
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La edición española de los escritos completos de Justicia Constitucional del maestro vienés Hans Kelsen esun acontecimiento de primer orden en el mundo del derecho, que merece por sí misma una reseña cuando se acaban de cumplir cien años de la implantación en Europa de los primeros Tribunales Constitucionales dignosde tal nombre, el checoslovaco de 1919 y el austriaco de 1920. El libro que ofrece Tecnos, en su colección Clásicos del Pensamiento, además de reunir todos los textos redactados por el autor en la materia -algoque hasta la fecha no se había hecho nunca en nuestralengua- tiene la doble virtud de estar precedido deun excelente estudio preliminar de Manuel Atienza, que pone su inteligente punto crítico en el pensamientointelectual del padre de la Teoría Pura del Derechodesde una perspectiva propia, y que reúne la no muy habitual condición de su fácil y limpia lectura, gracias al trabajo del traductor, Juan Luis Requejo, uno de los grandes conocedores de Kelsen en nuestra literatura constitucional. Toda una novedad de magnitud para la cultura jurídica que se maneja en español en doscontinentes.
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La manera en la que surge la nueva Constitución española de 1931 hace suponer que no han de faltarle escoliastas: pero su misma índole obliga a procurar desdeun principio una interpretación decorosa y digna de sus preceptos, para que no se desvirtúen, como otras veces ocurriera, al comenzar su aplicación. Tal es elmóvil principal a que responde el presente libro, cuyas características pueden sintetizarse en pocas palabras: respeto, imparcialidad, independencia, preocupación técnica.
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Sujetos Imposibles, es un texto que busca explorar como la migración afecta en todos los ámbitos de la vida de un país. Mae Ngai, a través de este texto y de una extensa investigación de más de diez años, narra cómo ha sido el proceso de inclusión de los migrantes ilegales dentro de las leyes en Estados Unidos desde el siglo XX, y parte de las repercusiones políticas que ha tenido con países como China, Japón y México.
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Esta edición recoge, debidamente anotados, concordados y acompañados de un detallado índice analítico, los textos puestos al día de las siguientes disposiciones: · Ley Orgánica del Poder Judicial, actualizada conforme a las modificaciones introducidas por las LO 6/2014, LO 2/2015, LO 3/2015, LO 5/2015, LO 6/2015, LO 7/2015 y LO 8/2015. · Además, también se ha procedido a anotar y concordar la LOPJ y otras normas con todos los Reglamentos e Instrucciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). · Nuevos Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Graduados Sociales, Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales de España, Estatuto General de la Abogacía y Reglamento del Cuerpo de Secretarios Judiciales. · Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo General de Poder Judicial. · Ley Orgánica de Conflictos Jurisdiccionales. · Ley de Planta y Demarcación Judicial. · Reglamentos de la Carrera Judicial, de los Jueces de Paz, de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales y de los Órganos de Gobierno de Tribunales. · Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas. · Instrucción 3/2003, de 9 de abril, del Pleno del CGPJ, sobre Normas de Reparto penales y Registro Informático de violencia doméstica. · Ley reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la administración de justicia. · Reglamento de desarrollo del Estatuto de los Jueces de Adscripción Territorial y los Jueces en Expectativa de Destino. Durante la vigencia de la presente edición, la normativa reproducida en este volumen que vaya teniendo modificaciones en el contenido de su texto principal podrá consultarse a través de la página web www.tecnos.es.
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha convertido en un agente clave en la conformación del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, tanto por el efecto directo que la sentencia comunitaria tiene en la resolución del proceso en el que el juez nacional presenta la cuestión prejudicial, como por su influencia indirecta sobre los tribunales nacionales, que deben ejercer su función jurisdiccional adecuando la interpretación de la norma nacional a la interpretación judicial comunitaria, y sobre el legislador, que en no pocas ocasiones ha tenido que acometer reformas para ajustar nuestro ordenamiento jurídico a la interpretación del Tribunal comunitario. En definitiva, la jurisprudencia comunitaria ha reforzado los derechos de los trabajadores pues, superando el principio de territorialidad y la tradicional primacía del Derecho nacional, lleva a cabo una labor de uniformización en la aplicación de los pilares del modelo social europeo, contribuyendo a su consolidación y al reforzamiento del sentimiento europeísta. Esta monografía es fruto del trabajo desarrollado en el Proyecto de Investigación «Aplicación por los Tribunales españoles de la jurisprudencia comunitaria en materia social» del Grupo de Investigación 060 (Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social) de la Universidad Jaume I-Castellón del Plan de Promoción de la Investigación UJI. Su objetivo era llevar a cabo un estudio de la recepción de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el legislador y los tribunales españoles del orden social, en suma, analizar el grado de penetración de la doctrina jurisprudencial en el ordenamiento jurídico español.
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Familias desahuciadas, millones de personas sin acceso a la salud, al agua y al saneamiento, daños al medio ambiente, pobreza y desigualdad económica abrumadoras. Este libro explora las nuevas posibilidades que se abren para que el Derecho pueda operar en favor del disfrute efectivo de los derechos humanos económicos y sociales, especialmente mediante el desarrollo interpretativo del Comité de la ONU sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y su procedimiento de comunicaciones individuales inaugurado en 2013. Un examen histórico, normativo y doctrinal descubre las diferentes formas en que el Derecho internacional de los derechos humanos ha abordado los derechos socioeconómicos, incluyendo su tratamiento en los sistemas europeo, interamericano y africano de derechos humanos, y aborda las implicaciones más amplias de la justiciabilidad de estos derechos para la igualdad, la justicia social y la dignidad, entendidas desde la perspectiva de derechos humanos y de género. Se incluye asimismo un análisis particular de España como estudio de caso prototípico por ser, hasta la fecha, el eje primordial de acción del Comité DESC. A lo largo del texto se revela el potencial de este renovado marco jurídico internacional, cuyo aprovechamiento en pro de los derechos humanos resulta crucial en el momento de profunda transformación que vivimos.
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Como es sabido, la contratación ocupa un lugar muy relevante entre las herramientas de que disponen los poderes públicos para realizar sus funciones, con una enorme influencia social y económica. Se presenta esta novedad cuyo contenido resulta, sin duda, de interés general y además goza de plenísima actualidad. Nada más acuciante para la opinión pública que lo que aquí se postula, la necesidad de objetivar (y, al servicio de ello, automatizar) las compras públicas.
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La responsabilidad de los médicos se ha transformado a lo largo de los siglos, desde la casi total impunidad inicial hasta la actual etapa de juridificación del acto médico: el profesional responde si no ha actuado conforme a un estándar de diligencia conocido como lex artis ad hoc. El núcleo de dicho concepto jurídico descansa en la idea de que el facultativo no responde ante cualquier mal resultado, sino únicamente como consecuencia de errores que merecen la calificación de negligentes (malpractice) y que son presupuesto causal de un daño injusto que el paciente no tiene obligación de soportar. La intervención del Derecho en la actividad asistencial pretende reducir las asimetrías endémicas que surgen en la relación médico-paciente, concretando su máximo paradigma en el principio de autonomía del paciente. Sin embargo, el innovador -aunque todavía incompleto- abandono del modelo paternalista tradicional y su sustitución por las técnicas jurídicas que disciplinan la prestación de servicios profesionales, ha alimentado el temor de no pocos médicos a recibir una demanda por responsabilidad (legal risk). Buena parte de los mecanismos desarrollados como respuesta de autoprotección clínica han desbordado la necesaria proporcionalidad, lo que ha propiciado su tipificación como ?medicina defensiva?. Dado que estas prácticas defensivas son especialmente perjudiciales para el sistema sanitario en su conjunto, es de la máxima prioridad poner a disposición de los profesionales sanitarios una información completa y rigurosa para que conozcan la realidad de la negligencia médica en España.
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Esta obra constituye una aportación original y significativa sobre el régimen jurídico-administrativo aplicable al medicamento en España, en la que se pone de manifiestoel intervencionismo administrativo al que se encuentra sometido el medicamento.
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La presente obra quiere ofrecer una exposición sistemática de las fuentes del derecho según los datos de la Constitución Española de 1978, cuya compleja ordenación del entramado de las normas exige un tratamiento detenido por el Derecho Constitucional en su importante papel de introducción a los estudios jurídicos. La obra comienza con un estudio de la Constitución misma, en su calidad de norma suprema orde- nadora de las fuentes y fuente del derecho por sí misma. A continuación se estudia la ley en sus diversas modalidades. su posición en el ordenamiento jurídico y los diversos conceptos de ley de la tradición jurídica europea del último siglo. Tras la exposición de las normas con rango de ley -decreto legislativo y decreto-ley- y del reglamento, se analizan los rasgos básicos de la estructura que al sistema de fuentes imprime el principio autonómico. Por último se expone la creación judicial de derecho en sus diversas modalidades.
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La obra está dirigida principalmente a los opositores a ingreso en las Carreras Judicial y Fiscal. Por ello, su estructura se corresponde con el programa publicado en la última convocatoria de la oposición (Acuerdo de 27 de octubre de 2023 de la Comisión de Selección, publicado en el BOE núm. 262, de 2 de noviembre de 2023). Convenientemente actualizada, la presente edición mantiene la tónica de las anteriores: exposición clara y comprensible de los contenidos necesarios para superar el exigente segundo examen oral de la oposición, ajuste a los criterios de valoración que establece el punto 6 de la base séptima de la convocatoria, análisis de la regulación legal de cada materia, aunque sin eludir los conceptos e instituciones jurídicas, así como las aportaciones doctrinales y jurisprudenciales, cuando el tema lo exija. Se mantiene la combinación de tipos de letra, que sustituye a las notas a pie de página y pretende orientar al opositor sobre la importancia de los contenidos, adaptando los temas a las características de cada uno. La sustancial coincidencia de los programas de las oposiciones a judicatura y a ingreso en el cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, turno libre, (Orden PJC/215/2024, de 20.02, BOE de 8 de marzo de 2024), convierte a esta obra en una herramienta útil igualmente para quienes preparen esta última oposición.
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Evocación iusliteraria de diversos episodios de la inmortal novela cervantina, que inciden en aspectos jurídicos, como los ideales de justicia y libertad, la tutela de víctimas y desvalidos, los procedimientos de justicia inmediata, las vías alternativas, las profesiones jurídicas, el buen gobierno de la república bien fundada, entre otros muchos. Se añade un itinerario por los lugares cervantinos de Barcelona, que invita a un recorrido temático por la ciudad.
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Los efluvios jurídicos de Don Quijote de la Mancha y del resto de obras cervantinas no solo no han pasado desapercibidos a los estudiosos, sino que han suscitado un aluvión de contribuciones que acredita un crecimiento exponencial y sostenido en el tiempo. Juristas y literatos compiten al alimón con aportaciones que escudriñan desde los detalles fugaces de los episodios con reminiscencias jurídicas más aparentes hasta los más mínimos indicios que decantan los simples vocablos o expresiones de la jerga forense a lo largo de la novela. El acervo no solo documenta artículos o textos, por así decirlo, menores, sino que contabiliza ya unas cuantas decenas de monografías que cubren los más insospechados recovecos legales de la obra cervantina. Tanto es así que hay materiales suficientes para construir unas verdaderas pandectas sobre lo que puede denominarse con propiedad Ius Quijotescum, nutrido por las contribuciones de conspicuos juristas, no menos ilustrados literatos y gentes de todo linaje y condición que gustan de explorar los textos cervantinos de esta guisa.
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El atestado policial es el documento donde se extienden y contienen las diligencias que llevan a cabo los funcionarios de Policía Judicial (y que pueden ser indicio o medio de prueba, o incluso prueba material), resultantes de la comprobación y averiguación de los hechos presuntamente delictivos, aprehensión, en su caso, de sus responsables, y ocupación de los efectos o instrumentos procedentes de la infracción penal. Así, en el atestado policial se ha de dejar constancia de todas aquellas diligencias de prevención e investigación efectuadas sobre un ilícito penal y que posteriormente se integrarán en el procedimiento penal correspondiente. Por ello, no es extraño considerar que el atestado así concebido constituya la primera piedra y los cimientos de un edificio jurídico procesal que finalizará con una sentencia condenatoria o absolutoria. Por tanto, bien sea como piedra angular o elemento esencial, será un pilar importante del armazón que conforma los distintos componentes que integran los procedimientos penales. La presente obra analiza detalladamente todos y cada uno de los elementos que integran el atestado policial. Para ello, los textos se fundamentan en una sólida base legislativa y jurisprudencial, ya que las citas de leyes y sentencias jalonan la exposición pormenorizada de los distintos capítulos. Además, se transcriben Instrucciones de la Secretaría de Estado de Seguridad, Protocolos de actuación y colaboración, Orden de Protección de las víctimas de violencia de género, etc. Se reproducen hasta un total de 120 documentos, entre diligencias, actas, cédulas, comparecencias..., además de impresos, formularios, certificados...
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Se plantea el análisis y caracterización de la actualidad con la reserva de una actualidad cada vez más inestable. Se parte como supuesto básico de la relación, también actual, Capitalismo - Democracia - Derecho, como ámbito condicionante en el que se desarrolla. A continuación, tras justificarse metodológicamente, se utiliza la Constitución del Estado social y la especificidad de sus componentes como parámetro de la actual, deduciéndose, junto a sus diferencias, la dificultad para definirla según las categorías clásicas. Ante ello se propone la de “Situación constitucional” que se conceptualiza previamente. Tras su exposición, se abordan, finalmente, las consecuencias que se derivan de esa “Situación constitucional”, tanto respecto de la realidad y su dinámica como respecto de la teoría jurídica y Constitucional, constatándose, en este último aspecto, la necesidad de su revisión para tener “vigencia”, según la perspectiva del Constitucionalismo Crítico.
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La ejecución de grandes contratos suscritos por la Administración pública, está sujeta en ciertos casos a tensiones. El objeto es la revisión de mecanismos con que cuenta el poder adjudicador para corregir y reaccionar frente a estos conflictos.
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La obra analiza la obligación de interpretar el Derecho nacional, incluida la Constitución, de conformidad (interpretación conforme) con el Derecho de la Unión Europea. Una exigencia inherente al Derecho de la Unión, impuesta por el mismo, que alcanza de forma particular al órgano jurisdiccional nacional encargado de aplicarlo, y que consiste en la obligación de interpretar el Derecho nacional a la luz y los objetivos del Derecho de la UE. Una exigencia que obliga a descartar o desplazar, de entre los significados posibles de la disposición nacional interpretada, obtenidos de la aplicación de los cánones interpretativos, aquel o aquellos que no se acomoden a las disposiciones de la Unión. El estudio está dividido en dos partes. La primera se centra en la descripción general y actualizada del mecanismo de interpretación conforme al Derecho de la UE, apuntando también a su incorporación y funcionamiento en el ordenamiento español. Y la segunda aborda, de forma más específica, el análisis de la obligación de interpretar la propia Constitución nacional de conformidad con el Derecho de la Unión Europea, particularmente cuando quien realiza la exégesis conforme es el Tribunal Constitucional. La exigencia de interpretación constitucional conforme, incluida la exégesis de las disposiciones constitucionales relativas a Derechos Fundamentales de conformidad con el Derecho de la Unión y, particularmente, con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, afecta al órgano jurisdiccional nacional encargado de aplicar el Derecho de la Unión. Pero alcanza, asimismo, al Tribunal Constitucional (o equivalente) del Estado miembro cuando da relevancia constitucional al Derecho de la Unión en los procesos constitucionales de los que conoce.
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Muchos de los fantasmas que en la actualidad acechan a la democracia se sustentan en una falsa premisa, la que sostiene que si el pueblo gobierna es que todo lo puede, pues si todas las leyes emanan de la voluntad popular, ésta no puede someterse a ley alguna. El problema es que «pueblo» y «voluntad popular» son abstracciones que solo pueden concretarse y volverse inteligibles mediante reglas. Pueblo no es sinónimo de muchedumbre y su voz es lo contrario del ruido de voces superpuestas, por eso el sujeto soberano es una creación jurídica que expresa su voluntad mediante un discurso que no es la voz de nadie en particular, sino la transposición mediante reglas de todas las voces. Claro que las reglas que definen qué es el pueblo no pueden precederlo a riesgo de negarlo, pues la soberanía rechaza imposiciones extrínsecas. De ahí que el pueblo como sujeto de derecho se despliegue en democracia mediante una autoafirmación que comporta implícitamente sus propios presupuestos y reglas como sujeto colectivo soberano. A tales reglas las denominamos derechos, cuyo entramado se deduce a partir de dos presupuestos que sustentan toda la dogmática jurídica democrática: la igualdad de todos los integrantes de ese sujeto colectivo y su libertad de agencia individual, como expresión de su rasgo más característico, la razón humana. Así, al contrario de lo que muchas veces se cree, los derechos humanos constitucionalizados no son el resultado de una elección contingente del soberano democrático, sino que constituyen su presupuesto posibilitante, comportando en lo sustancial un fundamento jurídicamente intangible. Los límites implícitos de la democracia tienen que ver, por tanto, con la coherencia interna de su expresión pragmática. La presente obra analiza estas cuestiones, primero teórica y luego prácticamente, a partir de una esclarecedora indagación en el método constitucional comparado que nos lleva a la Sudáfrica del apartheid, a los entresijos de la India independiente y a la rebelión dorrita de Rhode Island.
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Estas lecciones abarcan todo los contenidos de la disciplina “Derecho Constitucional”, que incluyen las distintas asignaturas obligatorias en la Universidad Complutense y las obligatorias y optativas en otras universidades: nociones de Teoría de la Constitución e Historia constitucional, fuentes del Derecho, jurisdicción constitucional, derechos fundamentales, organización constitucional y organización territorial del Estado o Comunidades Autónomas.
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Entre los muchos logros de la civilización moderna, difícil será encontrar alguno que tan abiertamente se presente como producto de una planificación consciente como es el caso de las constituciones adoptadas por los Estados modernos desde fines del siglo XVIII. Siendo así, ¿cómo podríamos referirnos a ellas en términos de evolución?
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