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Libros de derecho
¿Estás formándote como abogado, fiscal o juez? ¿Te interesa el mundo de la justicia y la legalidad? En Abacus tenemos los mejores libros de derecho con los que ampliar tus conocimientos en esta materia. Compra libros de derecho online. En esta sección encontrarás una gran selección de libros de derecho en formato de tapa blanda y en español y catalán. Manuales de estudio imprescindibles sobre distintas ramas del Derecho, su jurisprudencia y legalidad. Lecturas sobre Derecho Civil y Penal, Derecho Laboral, Administrativo o Constitucional, copias originales del Código Civil, Código Penal, Ley Orgánica del Poder Judicial, el Estatuto de los Trabajadores, así como Criminología y otras disciplinas.
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La panorámica ofrece una visión de conjunto, del total sobre sus elementos. En el ámbito académico, se corresponde con lo que se denomina parte general de un sector jurídico. Conjuga lo común de sus distintos componentes con el propósito de descubrir una perspectiva más amplia y sintética. Sondea su alcance teleológico y supera las visiones desintegradoras o atomizadas. Pretende mejor la práctica de los saberes que los conocimientos meramente prácticos, pues aquella edifica con certezas útiles, gracias a presupuestos estables. En suma, trata de los conceptos básicos hábiles para su comprensión. Los derechos reales registran una trayectoria y acervo histórico de nociones destacadas y hasta cierta medida duraderas. Contemplan el perfil de las distintas facultades que se reconocen a los sujetos sobre los bienes y las cosas, sean materiales o inmateriales. El régimen normativo que puedan recibir, y su continuo progreso en las sociedades modernas, solo puede asumirse desde la óptica generalista que condiciona su correcta implantación. Comprendidos los fenómenos en su esencia, se accede a su praxis de forma oportuna, sin perjuicio del estatuto jurídico que merezcan para conformarse al momento social, ético y económico del presente de cada época. El ordenamiento civil se ocupa de los llamados derechos reales, como proyección jurídica del dominio que despliegan los individuos en las cosas, para cubrir las necesidades de supervivencia, en definitiva, el cumplimiento de su fin privado y familiar. A la persona se le reconoce un señorío sobre los bienes apropiables, que transcurre desde su más intensa expresión en la propiedad, a los llamados iura in re aliena. Estos suponen el desgajamiento de alguno de sus poderes característicos, como son gozar (derechos de uso y disfrute), disponer, cuando sirven de garantía de las obligaciones, sometiendo su destino a la de aquellas, o asumir su posible concurrencia futura en los de adquisición preferente. El factor de su apariencia frente a terceros ya sea fáctica (posesión) o institucional (Registro)? completa el estudio del aspecto más estático del Derecho patrimonial en que consiste.Ramón Durán Rivacoba (Burgos, 1959) es Catedrático de Derecho Civil (1993). Licenciado por la Universidad de Deusto, con Premio Extraordinario (1983). Grado de Licenciado con Matrícula de Honor. Primer Premio Nacional de Derecho (1984). Doctor por la Universidad de Navarra, con Premio Extraordinario (1987). Fue Profesor Titular de Derecho Civil en la Universidad de Granada (1987) y en la UNED (1988). Es Profesor Honorario en diversas Universidades de Chile, Argentina, Perú y España. Elegido para diversos cargos académicos en varias Universidades: Director de Departamento (1990, 2000 y 2020), Decano de la Facultad de Derecho (2004/2012) y Defensor de la Universidad de Oviedo (2012/2017). Ha ejercido de Magistrado Suplente (1999/2015). Participa como Ponente en numerosos Congresos jurídicos en Europa y América. Autor de más de cien publicaciones científicas y 26 Prólogos. Ha dirigido 22 tesis doctorales en 5 Universidades y encabeza el Grupo de Investigación ?Modernización del Derecho de Familia? (MoDeFa).
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Este libro trata de corresponsabilizar al usuario de la sanidad en su autocuidado, educándolo y empoderándolo desde los diferentes niveles socio sanitarios, haciéndolo coparticipe de la sostenibilidad del sistema nacional de salud. A través de la propuesta de realizar varias acciones simples, que pueden ser llevadas a cabo tanto las personas enfermas para remediar su enfermedad, como personas sanas para prevenirlas, se pretende mejorar el estado de salud de la población. A su vez, a través de esta publicación se trata de dar visibilidad al papel de la farmacia comunitaria española como agente activo sanitario a integrar en el actual Sistema Nacional de Salud.
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La obra ha puesto el foco en la gobernanza de las grandes sociedades cotizadas y las empresas multinacionales, en las que la exigencia de profesionalidad e independencia de los consejeros resulta especialmente relevante. El principio de proporcionalidad requiere que el modelo genérico de sociedad de capital que acoge la Ley de Sociedades de Capital española se adapte, a través de las interpretaciones establecidas por la jurisprudencia, la doctrina y las buenas prácticas internacionales de gobierno societario -con particular referencia a las normas, usos y casos de derecho anglosajón- a realidades muy distintas como, en este caso, la de la gran empresa inmersa en los mercados de capital y de valores, establecida en diferentes jurisdicciones y participada habitualmente en su accionariado y en ocasiones en su gestión por inversores institucionales. En esa clase de sociedades, la independencia del consejo de administración y la excelencia técnica de los consejeros resultan imprescindibles y a ella deben contribuir todos los miembros del consejo incluidos los consejeros que representen los intereses de accionistas o de terceros. En este contexto, la obra presta especial atención al estatuto de los consejeros dominicales, ofreciendo nuevas vías de interpretación de los deberes y derechos de este tipo de consejeros tan importantes en el mercado corporativo español. Esta obra completa el catálogo de Editorial Aranzadi.
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La relevancia constitucional de los actos de comunicación judicial encuentra su fundamento elemental en la estrecha vinculación existente entre el efectivo ejercicio del derecho de defensa, consagrado en los artículos 24.1 de nuestra Constitución y la correcta práctica de estos actos procesales. En el marco del Proyecto I+D+i de generación de conocimiento y fortalecimiento científico y tecnológico ?Ejes de la Justicia en tiempos de cambio? del Ministerio de Ciencia e Innovación (Ref. PID2020-113083GB-100), así como del Proyecto estratégico orientado a la transición ecológica y a la transición digital del Plan Estatal de investigación científica, técnica y de innovación 2021-2023 ?Transición Digital de la Justicia·, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio de Ciencia e Innovación, financiado por la Unión Europea: Next Generation UE (Ref. RED 2021-130078B-100), esta obra examina el concepto, la naturaleza jurídica y las funciones de los actos de comunicación en el proceso, para, seguidamente, como no podía ser de otra forma, abordar un riguroso y pormenorizado estudio de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre estos actos procesales y, finalmente, examinar su régimen de ineficacia, directamente relacionado con su realización conforme a Derecho, al constituir el régimen legal de notificaciones vigente un verdadero sistema de garantías protector del derecho de defensa de las partes en el proceso.
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La Directiva sobre marcos de reestructuración preventiva implicará la introducción en nuestro marco normativo de reestructuraciones de importantes modificaciones, que afectarán a aspectos clave de este tipo de procesos. El estudio del nuevo marco regulatorio será abordado de manera exhaustiva, convirtiendo a la obra proyectada en pieza esencial de la biblioteca de quienes se dedican a la praxis o al estudio de la reestructuración de empresas en España.
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La presente obra es contenedora de una serie de estudios que giran en torno a la igualdad como vector necesario en el cumplimiento de la Agenda 2030, y por ende de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se pretende aportar una visión con perspectiva de género para cada uno de los objetivos de forma que permita abordar el análisis de las políticas de la Unión Europea, de las nuevas tecnologías, el cambio climático, la educación, las comunidades rurales, el urbanismo, la inmigración, las privaciones de libertad o la contratación. El lector tiene ante si una obra que invita a la reflexión sobre aspectos claves de la igualdad abordando el alcance de la perspectiva de género como una oportunidad para cumplir los objetivos que conforman la Agenda 2030 como la erradicación de la pobreza extrema y el hambre, combatir el cambio climático, garantizar el acceso universal a servicios de salud y educación, la protección de los sectores más vulnerables…, haciendo preciso el compromiso de todos para construir alianzas….
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Este Manual de Derecho del Trabajo analiza las unidades temáticas más importantes de la referida disciplina: concepto y ámbito del Derecho del Trabajo, fuentes, contrato de trabajo y empleo, relaciones colectivas y Administración laboral. Se trata de una obra pensada para la actividad docente y dirigida, de manera principal, a los alumnos de los grados de Derecho y Relaciones Laborales, Ciencias del Trabajo y otros cursos y másteres con contenidos jurídico-laborales. En este sentido, la presentación y selección de los núcleos temáticos, así como la extensión y redacción de las lecciones, vienen determinadas por criterios didácticos, con el fin de la mejor transmisión de los conocimientos a los lectores. Ahora bien, en cuanto su estructura aborda las figuras básicas de la materia laboral, no cabe duda de que dicha obra también puede ser útil a cualquier profesional o interesado en los temas de la empresa, las relaciones laborales y el mercado de trabajo. En fin, esperamos que así sea para toda persona que decida hacer uso de él.
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Publicamos esta obra colectiva como transferencia de los resultados del proyecto de investigación en el marco del programa operativo FEDER 2014-2020 sobre Mediación y derecho colaborativo: vías emergentes de solución extrajudicial de litigios en la Sociedad digital (UMA20-FEDERJA-043), siendo la Dra. Fontestad Portalés la Investigadora Principal, a la Administración Pública desde un modelo de mediación eficaz, actual y concordante con el empleo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación y en el que se aportan soluciones a los retos sociales de una Sociedad digital que van desde la mediación electrónica y la i-mediación a la - sin olvidar el Derecho colaborativo como resolución negociada y consensuada de los conflictos al margen de los Tribunales. No cabe duda de que la irrupción de las nuevas tecnologías en nuestra sociedad ha provocado un cambio. Ante este nuevo paradigma, la Administración de Justicia no es indiferente y las soluciones para resolver los conflictos deben ir encaminadas también hacia la transformación digital haciendo uso, incluso, de la inteligencia judicial para impartir Justicia. La integración de la mediación electrónica en la Administración de Justicia a través de su especialización y sectorialización es hoy en día una realidad de la que surgen más interrogantes que respuestas desde un punto de vista procesal. No obstante, algunos de los cambios que se procesan parecen señalar el camino de este nuevo tránsito hacía una justicia eficiente, digital y conectada con su tiempo. En cada una de las diferentes aportaciones de la mano de expertos en el lector encontrará reflexiones acerca de estos cambios que se producen en la Justicia del Siglo XXI
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Hace poco más de un año entró en vigor la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia. La ley tiene por objeto garantizar los derechos fundamentales de los niños y adolescentes a su integridad física, psíquica, psicológica y moral frente a cualquier forma de violencia, asegurando el libre desarrollo de su personalidad y estableciendo medidas de protección integral, que incluyan la sensibilización, la prevención, la detección precoz, la protección y la reparación del daño en todos los ámbitos en los que se desarrolla su vida. En esta obra se estudian diferentes formas de violencia, sus consecuencias y las responsabilidades que se pueden exigir para paliar sus efectos. En línea con los ámbitos previstos en la citada norma, se analiza la violencia familiar, laboral, protección de datos, acoso escolar, posición del menor frente a la publicidad, entorno deportivo, abusos sexuales, riesgos en relación con internet o juegos de azar y la posición del menor en el derecho penal.
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Se plantea, teniendo en cuenta que la protección y defensa de los recursos naturales constituye una realidad presente en el DerechoRomano desde la época arcaica, hablarde la existencia de un Derecho Administrativo Medioambiental Romano.
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La evolución de la tecnología y la expansión de Internet ha configurado complejos espacios cibernéticos que nos ofrecen múltiples ventajas, las cuales se presentan como oportunidades para los delincuentes. En este sentido, el ciberespacio se ha consolidado como un entorno que favorece múltiples actividades cotidianas, pero también como un contexto en el que se cometen ciberdelitos graves y complejos que atentan contra los servicios esenciales de los Estados o que pueden comprometer múltiples bienes jurídicos, entre los que podemos encontrar la vida, la integridad física, etc. De igual modo, las características del ciberespacio se presentan a los operadores jurídicos como obstáculos que dificultan la investigación y la represión de la ciberdelincuencia. Sin embargo, la evolución tecnológica también está siendo utilizada por las autoridades policiales y judiciales para subsanar las barreras tecnológicas existentes. En este sentido se han ido regulando las diligencias de investigación tecnológicas, habiéndose extendido la utilización de algunas de ellas, a nivel nacional e internacional, e incluso habiéndose convertido en la única vía para la investigación de nuevas amenazas. En los últimos años nuevas tecnologías disruptivas están apareciendo y se está experimentado un aumento de la ciberdelincuencia que no cesa. Debido a ello, se debe apostar por regular las diligencias de investigación tecnológicas más novedosas que permitan a autoridades policiales y judiciales realizar investigaciones eficaces, entre las que destaca el registro remoto previsto en el ordenamiento jurídico español. No obstante, se debe apostar por una previsión legal de calidad, con exhaustividad y que salvaguarde todas las garantías inherentes al proceso penal.
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El libro presentará el estado actual de las teorías criminológicas, actualizado las teorías y mostrando su confirmación empírica y pondrá el acento en las implicaciones de esta teoría para prevenir las distintas formas de delincuencia.
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Comentarios al nuevo modelo de Registro Civil (Papel + e-book)
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Esta nueva edición presenta el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Con él queda derogada la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aunque no toda, pues se mantienen en vigor sus Disposiciones Finales 2.ª, 3.ª y 4.ª, que también se reproducen. La autorización que da cobertura al presente texto refundido tiene su razón de ser en la necesidad de dotar de una mayor seguridad jurídica a una regulación que se ha caracterizado por una continua sucesión de normas que han completado o modificado, de forma muy dispar, el texto original de la Ley 29/2006, de 26 de julio, lo que aconsejaba la aprobación de un texto único en el que se incluyeran, debidamente armonizadas, todas las disposiciones aplicables en el ámbito de esta Ley. El texto resultante debería tener, así, una vocación de estabilidad, una vez efectuados los necesarios procesos de consolidación y adaptación imprescindibles para asegurar la continuidad de la prestación pública sanitaria y mejorado los mecanismos de farmacovigilancia y de protección de la cadena de suministro. A pesar de ello y de su reciente aparición, ya ha sido objeto de una importante modificación en siete de sus preceptos por obra de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. Las más de 200 notas a pie de página ofrecen referencias internas, concordancias con otras leyes y los textos de aquellos preceptos ajenos mencionados en el nuevo texto refundido. Completan la edición los índices sistemático y analítico de materias, que facilitan la localización de los temas desarrollados por el articulado.
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En este volumen el atento lector hallará contribuciones de más de una veintena de profesores y estudiosos de la Teoría Comunicacional del Derecho (TCD), sobre una gran variedad de cuestiones, agrupados en torno a tres etiquetas:1ª) El estudio y reexamen de los fundamentos mismos de la Teoría Comunicacional del Derecho: su conexión con la Hermenéutica filosófica, el estudio del “método hermenéutico analítico”, el estudio de la tríada de conceptos “Ordenamiento-Sistema-Ámbito Jurídico, central en la TCD, o el de la Retórica como elemento integral de la comunicación jurídica 2ª) Desarrollos aplicativos concretos de dicha teoría, con análisis sobre conceptos como los de “eficacia de las normas jurídicas”, “justicia extra-ambital”, “imputación” y “personificación”, o “situación jurídica” o bien llevando el análisis a terrenos más prácticos, examinando desde la perspectiva comunicacional problemas como el de la eutanasia o las tecnologías en la Administración de Justicia. Además, 3ª) el lector podrá leer aportaciones críticas a la TCD, repartidas por todo el volumen en diversos trabajos. Gregorio Robles Morchón es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de las Islas Baleares.
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Tras algo más de un cuarto de siglo impartiendo docencia en las cinco veces centenarias aulas hispalenses, Inmaculada Vivas Tesón ha elaborado unos materiales didácticos con el único propósito de que sean de utilidad para el estudiante que, a partir de los sólidos cimientos del Derecho civil I, se adentra en el Derecho patrimonial dinámico, el que se ocupa de cómo circulan los bienes en el tráfico jurídico. Se trata de un manual en el que se contienen, de manera sintética y asequible (si bien ello deberá juzgarlo el lector), instituciones jurídico-privadas medulares. La exposición sucinta y esquemática de los contenidos permiten profundizar en los mismos durante las sesiones regladas de la disciplina a través de diversos recursos pedagógicos complementarios, a los que se ha de sumar, inevitablemente, el aprendizaje autónomo y sereno por parte del discente. Tomando como la base la propia experiencia de la autora, esta obra responde al contexto y planteamientos docentes actuales.
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Obra práctica que aborda conjuntamente los aspectos sustantivos y procesales del régimen jurídico que se aplica en las comunidades de propietarios. Con un amplio inventario de esquemas de procedimiento, formularios y modelos de escritos.
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La sección de calificación constituye la pieza de mayor importancia práctica dentro del procedimiento concursal, dadas las consecuencias de todo tipo que puede originar para el concursante y para los administradores, liquidadores, de derecho o de hecho, o directores generales de la persona jurídica concursada. La experiencia nos muestra como la generalidad de los concursos corresponden a sociedades mercantiles y la principal preocupación de sus administradores son las consecuencias que para ellos habrá de tener, sobre todo la temida responsabilidad concursal. En el presente trabajo, dirigido a quienes se enfrentan a la compleja tarea de la calificación del concurso y la determinación de sus consecuencias, se estudia con detenimiento los antecedentes históricos, las opiniones de los principales autores que se han ocupado de la materia, pero sobre todo la jurisprudencia, junto con las opiniones del autor, hemos actualizado la versión anterior, atendiendo a la recientemente reforma por la Ley 16/2022.
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La transición energética se acelera en relación a la emergencia climática. Las energías renovables son una respuesta de mitigación y adaptación al cambio climático ampliamente aceptada que nos permiten reducir la tradicional dependencia energética. El despliegue de las renovables supone una nueva relación de la sociedad, la economía y el medio ambiente que tiene sus efectos en cada territorio. Elobjetivo de este libro es ofrecer una perspectiva integrada de esta transición energética con diferentes miradas que integren a las personas en la ecuación, desde perspectivas teóricas y empíricas ya través de métodos innovadores. Lejos de una toma de decisiones tecnocrática y alejada de los actores y población concernida por estas nuevas demandas y conflictos por el uso de territorio, resulta necesario poner el foco en el papel de la sociedad y la responsabilidad que esta tiene sobre su espacio.
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En este libro se contienen dos estudios sobre la sociedad digital.En el primero de ellos, La verdad en la sociedad digital, se analiza la configuración de la verdad en sus diferentes contextos, desde el mundo jurídico de la aplicación del derecho, caracterizado por la certeza, hasta la sociedad digital en la que domina la incerteza, pasando por el entorno constitucional de la democracia pluralista, en el que destaca la dimensión procesal de la verdad. La incerteza en la sociedad digital se acentuará con el desarrollo de aplicaciones de IA generativa, como el ChatGPT.En el segundo de los estudios, La interpretación en la sociedad digital, se parte de la base de que los momentos actuales de la interpretación del derecho exigen un nuevo paradigma de estudio, porque el rápido cambio de las sociedades actuales y su configuración han dado paso a nuevas formas de poder que desplazan definitivamente muchas de las formulaciones de las últimas décadas, y crean un nuevo marco de situaciones donde el método jurídico clásico ha entrado en un fuerte peligro de obsolescencia.
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Fiel a su vocación, esta octava edición del Anuario de Arbitraje nos conduce a través de las novedades más destacadas del panorama arbitral reciente y, a la vez, nos ofrece nuevos análisis de materias que son siempre relevantes para la práctica arbitral. Entre las cuestiones de actualidad tratadas en la obra se incluyen: las decisiones recientes de los tribunales españoles, Supremo y Constitucional, sobre la anulación y la revisión de laudos y sobre la prejudicialidad penal, los efectos de la guerra de Ucrania sobre las disputas sometidas a arbitraje, y el caso Distrito Castellana Norte como supuesto de arbitraje estatutario. Nuestro Anuario también estudia el arbitraje de emergencia y el arbitraje de inversiones (tratado España-Colombia) en sendos capítulos, y contiene trabajos sobre el exequatur de laudos extranjeros (incluso en relación con el tema del litisconsorcio pasivo necesario), la condena al pago de intereses, las pretensiones de indemnización por daños, la extensión del convenio arbitral a los no firmantes, la confidencialidad del arbitraje comercial, el voto particular, la relación del arbitraje con las Cámaras de Comercio y la aplicación del arbitraje en materias de Derecho Administrativo, cambio climático y medio ambiente
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El ensayo parte de un análisis del lento proceso de deterioro experimentado en el funcionamiento del orden social de la jurisdicción que, desde el esplendor de antaño, ha llevado a que en la actualidad pueda hablarse, sin exageración, de la insoportable levedad de la tutela dispensada por los Tribunales del Orden Social de la Jurisdicción.A continuación, se analizan en profundidad los recientes y frustrados intentos de reforma (principalmente el incorporado al Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.En la parte final de la obra, y con carácter conclusivo, se elaboran algunas propuestas de modificación de la norma de ritos social, así como algunas claves orientadas a mejorar el funcionamiento del orden social de la jurisdicción.
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This work presents the d content of current European private international law. It is, in fact, a book of law written by several authors from Spain and Italy: professors Alfonso-Luis Calvo Caravaca, Javier Carrascosa Gonzí¡lez, Silvia Marino, María Asunción Cebrií¡n Salvat and Isabel Lorente Martínez.This book is intended for anyone interested in studying and learning about the private international law system of the European . In this sense, it attempts to clearly explain the fundamental structures of this fascinating branch of law as well as to convey a series of interesting, intuitive, constructive and brilliant ideas that may set the course for the future.This book understands EU private international law as a product of the culture of European society. European private international law is not a mere set of rules, a series of European regulations that come out of nowhere: it is a very important part of the (legal) culture of Europe, it is a cultural product that is part of European civilisation. In this sense, the authors believe in Europe and in the values that Europe has represented for more than two hundred years. We believe in Europe as an ideal of a free and diverse society made up of free and diverse people. This book is a tribute to freedom í» to freedom of movement of persons, families, goods, capitals, companies and services, and also a homage to business freedom in a market economy. It is a tribute to private international law, which makes all these freedoms possible.
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Esta obra conforma un estudio completo del art. 110 LJCA, abarcando el concepto de extensión de efectos de sentencias firmes en el ámbito contencioso-administrativo, su contenido y los límites a su utilización. La obra se presenta en seis capítulos que analizan los puntos más relevantes de la figura respetando, en la medida de lo posible, el orden establecido en dicho artículo. Así, el primer capítulo se dedica a la institucionalización de la extensión de efectos, su naturaleza jurídica y su distinción con otras figuras parecidas ya existentes en nuestro ordenamiento. A continuación, el capítulo segundo pone el foco en los “elementos delimitadores”, diferenciándose de los presupuestos procesales que constituyen el tercer capítulo. En cuarto lugar, se atiende a los aspectos puramente procedimentales, subrayando las diferencias entre la extensión de efectos y otros procesos. El capítulo quinto profundiza, principalmente, en el apartado quinto del artículo 110, para poner sobre la mesa la dificultad que añaden las causas desestimatorias a la consecución positiva de las solicitudes de extensión, incorporando las nuevas tendencias jurisprudenciales en lo referente a los apartados quinto y sexto del artículo. Por último, el capítulo sexto está dedicado a la finalización de la extensión de efectos y a los efectos de la misma. El trabajo se cierra con un apartado dedicado a la bibliografía y con un anexo jurisprudencial que recoge las más de doscientas resoluciones citadas a lo largo de toda la obra.
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Los créditos y tarjetas revolving han sido uno de los productos de financiación de particulares con más demanda en los últimos años, pero sus tipos de interés y su especial funcionamiento han hecho que estén siendo una de las reclamaciones más habituales en los tribunales. La primera oleada de reclamaciones se fijaba en el tipo de interés y la discusión se centraba en si se consideraba usurario o no a la luz de la Ley de 1908. Esto conllevó una gran divergencia de criterios en los tribunales que el Tribunal Supremo ha intentado aunar con su reciente jurisprudencia de 2023. Pero otra vía por la que se está procediendo a pedir la nulidad de los contratos de tarjetas “revolving” es por su abusividad, a la luz de la jurisprudencia europea y española al respecto. Así hay que analizar las cláusulas del contrato bajo las 2 premisas ya conocidas de control de incorporación y control de transparencia. Si a esto le añadimos la posibilidad incluso de reclamar la nulidad por la “causa torpe” del art. 1.306 del Código Civil tenemos un potente argumentario para poder defender tanto la posición del consumidor como de la entidad financiera en estos controvertidos contratos.
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La presente obra centra su atención en el derecho albergado en las Ordenanzas del Consejo Real de Navarra de 1622. Este cuerpo normativo de carácter compilador, elaborado para uso interno de los Tribunales Reales navarros, recoge toda la legislación referida al particular (ordenanzas de visita, cédulas reales, provisiones reales, autos acordados, leyes de Cortes, etcétera) desde el año 1413 hasta 1621, aunque el grueso de ellas provienen del periodo posterior a 1524, como resultado del proceso de conquista e incorporación del reino de Navarra a la Corona castellana. Tras su publicación en 1622, esta fuente normativa mantuvo su vigencia hasta 1836, por lo que, en definitiva, el resultado es un estudio pormenorizado sobre el derecho que rigió la jurisdicción real del reino navarro desde 1512 hasta que este perdió su condición de reino para pasar a ser una provincia española en 1839.Concretamente, se aborda la organización y funcionamiento de los tribunales reales navarros (Consejo Real, Corte Mayor y Cámara de Comptos), prestando una especial atención a las competencias, características y limitaciones del conjunto de los oficiales reales, al proceso judicial, del que se presenta, al completo, el proceso seguido desde la interposición de la demanda hasta su ejecución y posteriores recursos, al orden de prelación de fuentes, como elemento fundamental para comprender el marco legislativo que sustentó la justicia administrada, así como los conflictos jurisdiccionales habidos entre la jurisdicción navarra “de por sí separada” y el resto de territorios de la Monarquía o la propia jurisdicción militar, entre otros muchos asuntos.
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El proceso constituyente belga de 1830-1831 es un fenómeno que no debe pasar desapercibido en la historia constitucional comparada. Inspirado por el ejemplo revolucionario francés, el pueblo belga declara su independencia el 4 de octubre de 1830, y a través del Congreso Nacional como poder constituyente comienza la creación de la Constitución nacional. Durante varios meses, la influencia de las potencias europeas, el liderazgo de los unionistas belgas y las cuestiones trascendentales para el sistema constitucional aportan una relevancia transversal que caracteriza a esta creación constitucional sui generis. Todo ello desemboca en la promulgación de la Constitución belga el 7 de febrero de 1831, y en la proclamación de Leopoldo I el 21 de julio del mismo año, momento en el que se completa la obra del constituyente. Esta Constitución cimentó las bases del constitucionalismo liberal decimonónico, funcionando como opera prima del joven Estado belga: erigió sus instituciones sobre el principio de soberanía nacional, consagró una carta de derechos y libertades completa según el ideario liberal y estableció la separación de poderes, así como garantías constitucionales para el desarrollo y protección de su contenido. La Carta Magna belga continúa en vigor. Durante más de un siglo gozó de una estabilidad infrecuente para la realidad europea. Sus cambios más destacados no llegarían hasta finales del siglo XX, donde sus sucesivas reformas han convertido a Bélgica en el Estado federal que hoy conocemos.
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Para la protección judicial de los derechos fundamentales se establecen procesos especiales o especializados ante los tribunales de los diversos órdenes jurisdiccionales. Agotada la vía ordinaria, queda subsidiariamente la posibilidad de plantear un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Y si tampoco se encuentra amparo ante nuestro Tribunal Constitucional contamos todavía, en nuestro entorno jurídico-internacional, con la posibilidad de solicitar amparo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo. Además España es miembro de una Unión Europea que se ha dotado de un catálogo de derechos y libertades fundamentales: la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, cuyo respeto y garantía es tarea del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Por último es importante conocer la nueva herramienta de que se ha dotado la comunidad internacional: la Corte Penal Internacional (CPI), que legitima la persecución, enjuiciamiento, y en su caso condena, de personas físicas autores de crímenes contra la humanidad. El objeto de esta obra es el estudio de todos estos procesos de amparo ante los órganos jurisdiccionales españoles ordinarios, el TC, el TEDH, el TJUE y la CPI.
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El tratamiento favorable a las personas con discapacidad en la fiscalidad contribuye a la mejora de su renta disponible, aliviando su carga financiera mediante diversos instrumentos tales como exenciones, reducciones, deducciones o bonificaciones. Ello ha supuesto que en los últimos años se hayan regulado un conjunto de medidas que favorecen a las personas con discapacidad en, prácticamente, todos los impuestos del Sistema Fiscal Español, siendo el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas el tributo en el cual se han aprobado un mayor número de medidas, las cuales buscan proporcionar apoyo financiero y reconocer las necesidades adicionales que enfrentan a las personas con discapacidad y sus familias, al tiempo que fomentan su inclusión en la sociedad. Sin embargo, todavía se puede mejorar la situación actual y, en este sentido se han realizado numerosas propuestas que pueden ser consideradas por el legislador para perfeccionar la situación actual y avanzar así a un desarrollo integral y articulado de la fiscalidad de la discapacidad. Por ello surge esta obra, que pretende abordar el análisis de las medidas fiscales vigentes en la actualidad relacionadas con las personas con discapacidad, realizando un análisis crítico y recogiendo alternativas que pudieran mejorar la situación actual.
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Este libro constituye una recopilación de tres trabajos muy recientes publicados por el Profesor Reinhard Zimmermann sobre la materia evocada por el título español que convencionalmente hemos dado a la recopilación, Protección imperativa a la familia en el Derecho sucesorio, que guardan entre ellos una estrecha unidad de propósito y de perspectiva.
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Desde que el Asunto de la Asociación de los Jueces Portugueses fuese pronunciado en 2018, la independencia judicial se ha instalado en el foco de la jurisprudencia del TJUE. Si bien esa jurisprudencia se inició debido a los particulares desarrollos sufridos en algunos de los Estados Miembros de la UE en el contexto de la llamada “crisis del Estado de Derecho”, hoy esa jurisprudencia, de gran calado estructural y material, no se haya en modo alguno circunscrita a dicha situación de crisis. Los pronunciamientos que el TJUE viene realizando desde hace ya cinco años en el ámbito de la independencia judicial suponen un desarrollo constitucional de envergadura que va más allá de una situación coyuntural y circunscrita a determinados Estados Miembros. Dada la relevancia general y no limitada ni geográfica ni temporalmente a situaciones de crisis sistemática del Estado de Derecho, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia debe ser examinada desde el punto de vista de sus implicaciones para todos y cada uno de los Estados Miembros de la Unión, y para el propio poder judicial de la Unión. La cuestión de la independencia judicial y su examen por parte del TJUE está sometida a una enorme tensión: por una parte se trata de un aspecto de la organización constitucional de los Estados Miembros en la que la Unión no dispone de competencia. Por otro, se trata de una cuestión existencial para la supervivencia de la Unión, presupuesto indispensable para el funcionamiento de su sistema jurídico que reposa en la premisa de la Unión de derecho y su protección jurisdiccional –argumentos que han fundamentado que el TJUE reconociese su competencia en la materia. En este contexto, esta obra pretende sistematizar la jurisprudencia sobre independencia judicial en el TJUE en los últimos cinco años con el objeto de esclarecer sus implicaciones prácticas, también en lo que respecta a las propias jurisdicciones de la Unión. Para ello, el libro se estructura en cinco capítulos. Los tres primeros examinan todas las vías procesales a través de las cuales la cuestión de la independencia judicial ha llegado (o puede llegar) hasta el Tribunal de Justicia. Esta cuestión es determinante ya que permite entender por qué y cómo puede el Tribunal de Justicia verse invitado a pronunciarse sobre determinados aspectos. Esta parte de la obra examinará tanto la jurisprudencia del TJUE sobre la independencia judicial a nivel nacional, como la jurisprudencia relativa a la independencia judicial en el seno del propio TJUE. En segundo lugar, la obra se centra en decantar el estándar material que emana de la jurisprudencia, y en la cuestión de su intensidad y del margen de apreciación que se reconoce a los Estados miembros. La obra finaliza, a modo de conclusión, con un capítulo destinado a abrir el debate futuro sobre la potencial aplicación de esta jurisprudencia a otros “valores” incluidos en el Artículo 2 del Tratado de la Unión.
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En los últimos años estamos asistiendo a la cada vez más acabada conformación de un sistema de garantía transnacional de los derechos humanos aplicable a las actividades de las empresas de dimensión global. El origen de este sistema, en el que se dan cita una diversidad de fuentes, se encuentra en la demanda ciudadana que desde fines del pasado siglo ha venido exigiendo a las grandes corporaciones que pongan fin a las formas intolerables de explotación laboral detectadas en los procesos de elaboración de bienes que llevan sus marcas situadas en destinos remotos. Partiendo de esta realidad, en la que los derechos laborales cumplen un rol capital, la presente obra centra su atención en el examen de las relaciones entre la noción de diligencia debida, introducida en 2011 por los Principios Rectores de las Naciones Unidas como estándar de conducta empresarial responsable, y los derechos humanos asociados al trabajo, con el fin de aportar conocimientos útiles para la reconstrucción de su faceta o dimensión laboral desde dos perspectivas complementarias: la identificación de los rasgos singulares que adquiere la obligación de las empresas de actuar con arreglo a ella cuando se trata de prevenir atentados contra esos derechos y la determinación del estándar internacional de protección y la conducta exigible en relación con cada uno de ellos. El resultado son doce estudios y un bloque de conclusiones y recomendaciones que constituyen un completo manual en el que se identifican y analizan en profundidad los principales problemas y desafíos que conlleva la aplicación de la diligencia debida a las relaciones laborales desarrolladas en el fragmentado espacio de las cadenas globales valor. Se satisface con ello una necesidad tan relevante como poco atendida. Pese a que los derechos laborales constituyen el espacio en el que con mayor frecuencia e intensidad pueden producirse vulneraciones de los derechos humanos con ocasión del desarrollo de las actividades empresariales, no existen prácticamente estudios que aborden la reconstrucción de la dimensión laboral de la diligencia debida. Primero de este género en nuestro medio, este libro se adentra, así pues, en el casi inexplorado territorio de la diligencia debida de las empresas proyectada sobre los derechos humanos laborales.
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En 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la llamada «Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible», fijando diecisiete objetivos y, al hilo de estos, ciento sesenta y nueve metas. De los diferentes objetivos señalados en ella, todos ellos relevantes, cabe destacar el penúltimo de ellos, consistente en Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, una de cuyas metas –la tercera de las doce que refiere– es la de promover el Estado de Derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos. Tan ambicioso propósito pasa ineludiblemente por garantizar la necesaria asistencia jurídica a quienes carezcan de suficientes medios económicos para procurar la tutela de los tribunales, por favorecer que, cumplidos determinados requisitos, puedan ejercitarse acciones colectivas para defender los derechos e intereses de los consumidores, y por asumir que el Estado debe garantizar el acceso a la justicia, entendiendo que ello implica garantizar tanto el acceso a la jurisdicción como a otros medios de gestión de conflictos igualmente civilizados y aptos para ayudar a solventar las disputas de carácter jurídico que surjan en el seno de la sociedad. Si ello es así, si se considera que conseguir soluciones justas no es patrimonio exclusivo de la Administración de Justicia, que no obstante es la única que garantiza una respuesta ajustada al ordenamiento jurídico, resulta forzoso concluir que resulta imprescindible regular y ofrecer a los ciudadanos procesos jurisdiccionales plenarios, declarativos y contradictorios que, sin merma de las debidas garantías, aceleren, abaraten y simplifiquen la resolución de determinados asuntos de índole civil y mercantil, a la par que otros instrumentos que les permitan alcanzar por sí mismos soluciones razonables a los problemas de carácter disponible que les enfrenten con otros. Conscientes de ello, las autoridades europeas han regulado en los últimos años diferentes procesos civiles con la finalidad de ofrecer a los ciudadanos que tienen su residencia o domicilio habitual en los países que la integran un espacio común de justicia que favorezca un acceso sencillo y efectivo a esta en asuntos transfronterizos. Uno de ellos es el llamado proceso europeo de escasa cuantía que, pese a que entró en vigor hace ya casi quince años, sigue siendo un gran desconocido en España. En la presente obra analizamos con detalle su procedimiento, sus características más destacadas, su aplicación en nuestro país, sugiriendo algunos cambios, y formulamos diversas propuestas de mejora de cara a una próxima revisión de su funcionamiento por los organismos comunitarios. Asimismo examinamos su realidad en nuestro territorio a partir de las bases de datos que proporciona el Consejo General del Poder Judicial, tanto a través del Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) como del servicio de estadística judicial de dicho órgano constitucional, detallando los resultados por comunidades autónomas, años y juzgados, distinguiendo al efecto los tramitados por juzgados de primera instancia, juzgados de primera instancia e instrucción y juzgados de lo mercantil.
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Este trabajo responde a una realidad socio-jurídica: el aumento de las relaciones jurídicas sujetas a diferentes ordenamientos jurídicos. Las relaciones jurídico-privadas -entre particulares-, e internacionales -sometidas a más de un ordenamiento jurídico- han proliferado en los últimos tiempos, creando en el legislador la necesidad de incorporar normas que traten de hacer frente a esta nueva realidad socio-jurídica, que es el Derecho internacional privado. Así, por ejemplo, cuando un ciudadano francés con domicilio en París formaliza un contrato de compraventa internacional de mercaderías con un ciudadano español establecido en Elche (Alicante), si surge un litigio derivado del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de las partes, y el comprador o el vendedor presenta ante los órganos jurisdiccionales españoles una demanda, las cuestiones a resolver serían varias: ¿son los órganos jurisdiccionales españoles competentes para conocer de este litigio?, y, en caso afirmativo, ¿qué ley aplicarían para resolverlo, la ley francesa o la ley española?, será el Derecho internacional privado la disciplina jurídica llamada a intervenir para dar respuesta a estas cuestiones. La Editorial Aranzadi y la Cátedra de Relaciones Privadas Internacionales Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH)-Ilustre Colegio de Abogados de Orihuela (ICAO) han decidido sumar esfuerzos para ofrecer una herramienta práctica, en dos volúmenes, donde se ofrezcan soluciones para la práctica del ejercicio de la abogacía en un contexto internacional. La Cátedra de Relaciones Privadas Internacionales UMH-ICAO nace del Convenio entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y el Ilustre Colegio de Abogados de Orihuela de fecha 2 de marzo de 2022, con un triple objetivo. En primer término, la promoción de actividades docentes y de investigación interdisciplinar -vinculadas al Derecho internacional privado y al Derecho de los negocios internacionales- que estudien la realidad, la problemática y el desarrollo de nuevas estrategias en estos ámbitos, al contar con una población en porcentajes importantes procedente de más de 123 países de los cinco continentes en las zonas de Orihuela Costa, Torrevieja, San Fulgencio, Rojales y otros núcleos poblacionales en expansión. En segundo lugar, el fomento en los jóvenes universitarios de la mejora de su formación en distintos aspectos relativos a esas materias desde todos los puntos de vista que se estimen relevantes (por ejemplo, desarrollando los programas formativos y las tareas de investigación que contribuyan a ello). Finalmente, la potenciación de trabajos académicos solventes relacionados con estos sectores el Derecho. Pues bien, la obra que presentamos, elaborada por 11 profesionales, especialistas del mundo universitario y/o de la práctica del derecho internacional privado, es el Volumen I del citado Tratado donde se aborda, en 9 capítulos, como PARTE GENERAL, las cuestiones relacionadas con “EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO COMO SISTEMA JURÍDICO Y EL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA. ASPECTOS CLAVES DE SU FUNCIONAMIENTO”.
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Una mirada crítica del déficit de justicia fiscal y la demonización de los tributos que se une al cambio global que defiende disminuir la desigualdad con impuestos.Un interesante y revelador análisis de la evolución de los impuestos en España, desde la instauración de la democracia hasta hoy, contada a través de los principales hitos que han marcado su desarrollo, tanto desde el punto de vista de las reformas aprobadas como de su aplicación, que aborda también los escándalos que han puesto en riesgo el principio de generalidad establecido por nuestra Constitución, y que se sintetiza en el popular eslogan de «Hacienda somos todos». La amnistía fiscal aprobada por el Gobierno del Partido Popular en 2012 que resultó inconstitucional, la benevolencia del derecho penal con los grandes defraudadores y la «esquizofrenia» fiscal de las personas que, para eludir en buena parte el pago de sus impuestos, son al mismo tiempo sociedades, constituyen algunas de las cuestiones tratadas en este importante trabajo de los técnicos del Ministerio de Hacienda Carlos Cruzado y José María Mollinedo. Y también el papel «no jugado» por la Agencia Tributaria ante la lista Falciani, de contribuyentes que ocultaban patrimonio y rentas en el banco HSBC de Ginebra, y los escándalos fiscales de Juan Carlos I, junto a otras situaciones que podrían revelar una doble vara de medir. Los autores muestran una mirada crítica del déficit de justicia fiscal y del discurso demonizador de los tributos, pero a la vez esperanzada como consecuencia de los cambios a nivel global que se empiezan a percibir respecto de la necesidad de combatir el aumento de las desigualdades, a través de los impuestos, con la repercusión política, social y económica que conlleva.
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La mediación es analizada aquí como una vía más que puede ser utilizada por los ciudadanos y sus abogados para la mejor satisfacción de los intereses de los primeros. Se abordan los ámbitos diferentes en los que puede producirse la mediación civil, mercantil y de familia.
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