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Libros de derecho laboral y administrativo
¿Tienes alguna duda con respecto a los derechos legales que tienes como trabajador? ¿O sobre cuáles son tus obligaciones con la empresa? Éstas y otras cuestiones relacionadas con este entorno las puedes resolver con nuestra gran selección de libros de derecho laboral y administrativo. ¡Descúbrelos todos! Compra libros de derecho laboral y administrativo online. En Abacus disponemos de una amplia y variada selección de libros de derecho laboral y administrativo. Estas son algunas de las temáticas que tenemos disponibles en esta sección: estatuto de los trabajadores, nóminas y seguros sociales, normas laborales básicas, Derecho Administrativo, Ley de Prevención de Riesgos Laborales e Indemnizaciones por accidente, entre muchos otros temas.
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Lobby. Un término que genera una tríada de reacciones que conforman una trinidad perfecta e inquebrantable. Por un lado están aquellos que desconocen por completo a lo que se hace referencia cuando se alude al lobby. Por otro, aquellos que consideran que se trata de una suerte de intercambios de favores de dudosa moralidad en beneficio de unos pocos, tal y como algunas escenas cinematográficas han fabulado, construyendo un artificial y erróneo marco mental. Y, por último, están aquellos profesionales que entienden, conocen y valoran la sana y beneficiosa actividad que genera el lobby. Independientemente de dónde te ubiques o a cuál de estos tres sectores pertenezcas, este es tu libro. Aquí encontrarás una genealogía completa, en formato vademécum, sobre los orígenes del lobby, su significado pasado, presente y futuro, sobre la actividad en las diferentes sociedades modernas y, sobre todo, comprenderás la importancia que tiene para el progreso social que tanto administraciones públicas como sector privado operen de manera coordinada, interconectada y acompasada bajo la tutela, supervisión y compañía de los expertos profesionales de la consultoría de asuntos públicos. Una obra en la que el pensamiento del autor engarza con los postulados de dos de los mayores expertos en lobby que colaboran en este complejo estudio. Jesús Sánchez Lambás, cofundador de Transparency International España, expone en el prólogo su visión acerca del sector de manera instructiva y pedagógica, y Gregory Payne, experto en diplomacia pública, director del departamento de Estudios de la Comunicación del Emerson College y editor de ABS Political Communication Presidential Election Issues, ofrece un análisis especial sobre la situación del lobby en Estados Unidos.
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En esta edición de la Ley de Bases de Régimen Local, versión Martina, con anillas y a color, goma de cierre y solapas interiores, Vicente Valera, junto a la diseñadora gráfica Cinthia Moure, ofrece una versión fácil estudio sobre dicha norma de carácter básico, versión que favorece el empleo de la memoria visual, algo tradicionalmente poco empleado en el mundo jurídico. Como bien es sabido esta norma tiene un papel destacadísimo en la totalidad de programas oficiales /oposiciones de ámbito Local (Ayuntamientos y Diputaciones especialmente) y, en consecuencia, sin su dominio absoluto se hace prácticamente imposible superar los mismos.
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Esta obra es una presentación sobre la Independencia Judicial en todos los países y un referente en El Salvador, como una brecha de una verdadera transformación del Sistema Judicial en la actualidad. Es la idea de una administración de justicia objetiva y neutral que se ha estudiado, no obstante, ello el umbral de la Independencia Judicial tiene mayor decisión en las reales políticas del Gobierno Judicial, la administración de su presupuesto, en la dignificación del Juez y Magistrado, y del rol fundamental de administrar justicia a todos los ciudadanos. Una verdadera administración de Justicia conlleva a implementar reformas integrales de las Leyes que desarrollan el estatuto del Juez y Magistrado, sino se realizara parecería una utópica e inalcanzable quimera. Si esto se aceptara, habría que volver la vista, con una visión a futuro hacia la personalidad de los jueces y magistrados, sus modos de pensar o de actuar en esta nueva realidad. Es lo más importante de la obra llevar al lector a reflexionar sobre como el ciudadano advierte de que la Independencia Judicial es su derecho, no un privilegio del Magistrado o Juez para administrar justicia a todos sin excepción de sexo, raza o condición social.
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La presente Obra responde a la necesidad de proporcionar a los estudiantes de la asignatura Derecho Administrativo Laboral impartida en el Grado en Ciencias del Trabajo, una herramienta útil para la preparación de la misma en sus conceptos básicos, desde la perspectiva teórica, como también desde la perspectiva práctica. Una materia propia del Derecho Administrativo con la especificidad del ámbito de actuación de la Administración Pública, el ámbito laboral. Para ello cada lección sigue una estructura basada en cinco apartados fundamentales referidos a: I. Palabras clave, II. Objetivos, III. Contenido Docente, IV. Material didáctico y dentro de éste, una bibliografía específica de la lección, un test de autoevaluación, unas preguntas clave, enlaces web de utilidad, finalmente un apartado V. con tres actividades complementarias, con las que se permite el aprendizaje completo de la lección.
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Esta edición ofrece el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, con todas las modificaciones que hasta ahora ha tenido, introducidas por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios, y, sobre todo, por la Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. En apéndice se incluye el contenido de esta última Ley como información complementaria de los importantes cambios producidos a raíz de la Directiva comunitaria 2011/83/UE y de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de junio de 2012. A pie de página se incorporan todas las notas explicativas de cada cambio producido, así como los textos de los artículos de otras disposiciones legales que aparecen mencionados en el cuerpo principal de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.. Además del índice sistemático de la estructura de la norma, la obra se cierra con un índice analítico de materias que facilita la consulta del articulado.
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El Derecho administrativo debe permitir la protección sostenible de derechos sin un compromiso temporal y bajo el hilo conductor de interés general como motivación de su razón de ser. La regulación y la actividad administrativa, en su búsqueda del interés general, no pueden renunciar a crear espacios de ejercicio de poder ejecutivo de manera colaborativa o participativa. Considerar el futuro posible significa adecuar las normas y la actividad de la administración a la realidad actual, sin comprometer el actuar de gobiernos en el futuro para respetar consensos internacionales, como el pacto verde y la recuperación económica sostenible. Esta situación es objeto de reflexión en esta obra colectiva que constituye la primera reflexión realizada por los investigadores del proyecto de investigación I+D+I financiado por el Ministerio de ciencia e innovación, Gobierno de España con el título: Por un consenso de futuro sostenible: Gobernanza anticipatoria y Prospectiva administrativa (PROFUTURE) PID2020-116401GB-I00 La prospectiva y las técnicas de previsión o foresight ofrecen un elenco de experiencias para aplicar en la práctica la prospectiva a la planificación administrativa y a la elaboración de normas. Estas herramientas parten de la realidad burocrática y el funcionamiento de las Administraciones públicas. Tras la crisis sanitaria, económica y energética, las administraciones van a tener que enfrentarse a la planificación y toma de decisiones para la reconstrucción. ¿Están preparadas? Las administraciones toman decisiones con modelos que no prevén sus impactos en el futuro. Reaccionan, más bien, a situaciones y problemas externos que se van precipitando y el análisis de impacto se identifica muchas veces a posteriori. Las Administraciones públicas toman decisiones basadas en los diálogos enmarcados en las normas y procedimientos pensados sólo para resolver el presente, pero deberían permitir la actuación en diversos escenarios futuros. Los Estados y las administraciones públicas se enfrentan en los próximos años al reto de ser agentes canalizadores de la planificación para la Recuperación de Europa y la gestión de fondos de reconstrucción para solucionar las necesidades actuales y asegurar un futuro próspero para las próximas generaciones. Se trata de diseñar el futuro. La experiencia de la reconstrucción debería servir para mejorar el Derecho Administrativo, la producción normativa y la regulación, mediante procesos que permitan un margen de actuación y adaptación a escenarios previsibles en el futuro, que la ciencia y los datos ya anticipan, estableciendo pautas para que los órganos decisores sepan cómo actuar en crisis previsibles en el futuro. Esta obra, es el primer resultado de un proyecto de investigación que pretende analizar y emplear técnicas que ya existen en otros países y que permiten anticipar situaciones incorporando el conocimiento de la ciencia y sus pronósticos de futuro, para que las Administraciones planifiquen de manera más racional y proactiva. Este grupo de investigadores apuesta por el estudio de mecanismos que permitan hacer realidad una nueva forma de producción jurídica de normas y planes que se adapte al futuro, mediante el debate de consenso con científicos, expertos, técnicos, empresas y personas, basada en la propuesta Europa Next Generation. Mecanismos como el foresight o prospectiva aplicada a la innovación administrativa se aplica a áreas como la transición ecológica, el planeamiento urbanístico, el turismo, la despoblación, la reconstrucción económica, la educación o la crisis migratoria, desde un análisis jurídico y también multidisciplinar
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En los últimos años ha habido una atención creciente de la doctrina por la actuación de los grupos de interés, a la vez que se hacía un llamamiento constante a la regulación de su actividad de influencia en la toma de decisiones por los poderes públicos. Algunas Comunidades Autónomas ya han dado el paso aprobando leyes específicas para reglamentar y hacer más transparente las actividades de influencia, a priori legítimas en un sistema democrático, exigiendo registros de los grupos de interés, códigos de conducta u otras herramientas como la publicación de las agendas de los cargos públicos o del informe de huella de los grupos de interés. En contraposición, en el ámbito de la Administración General del Estado y su sector público la norma está aún por llegar, aunque hay iniciativas recientes con perspectivas de prosperar. En este contexto, el libro trata de contribuir a una necesaria reflexión sobre la esperada regulación estatal, y la que pueda darse de futuro en otras Comunidades Autónomas. Para ello se analiza lo que sean los grupos de interés desde diversas ópticas, así como algunos modelos que pueden servir de referencia como la Ley 25/2018, de 10 de diciembre, reguladora de la actividad de los grupos de interés de la Comunitat Valenciana y el Decreto 172/2021, de 15 de octubre, del Consell que la desarrolla. En los últimos años ha habido una atención creciente de la doctrina por la actuación de los grupos de interés, a la vez que se hacía un llamamiento constante a la regulación de su actividad de influencia en la toma de decisiones por los poderes públicos. Algunas Comunidades Autónomas ya han dado el paso aprobando leyes específicas para reglamentar y hacer más transparente las actividades de influencia, a priori legítimas en un sistema democrático, exigiendo registros de los grupos de interés, códigos de conducta u otras herramientas como la publicación de las agendas de los cargos públicos o del informe de huella de los grupos de interés. En contraposición, en el ámbito de la Administración General del Estado y su sector público la norma está aún por llegar, aunque hay iniciativas recientes con perspectivas de prosperar. En este contexto, el libro trata de contribuir a una necesaria reflexión sobre la esperada regulación estatal, y la que pueda darse de futuro en otras Comunidades Autónomas. Para ello se analiza lo que sean los grupos de interés desde diversas ópticas, así como algunos modelos que pueden servir de referencia como la Ley 25/2018, de 10 de diciembre, reguladora de la actividad de los grupos de interés de la Comunitat Valenciana y el Decreto 172/2021, de 15 de octubre, del Consell que la desarrolla.
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Podemos afirmar que la política de apoyo al sector ecológico en la Comunidad Valenciana se inicia con el Primer Plan Valenciano de Producción Ecológica, cuyo periodo de ejecución abarca el quinquenio 2016-2020. De acuerdo con el Plan, el objetivo de esta política es impulsar la producción agraria ecológica y local, con un eje diferenciador basado en la agricultura familiar valenciana. Se pretende dar impulso a la producción y transformación de alimentos de calidad, favoreciendo la soberanía alimentaria y conformando una actividad agraria económicamente rentable a largo plazo, ambientalmente limpia y socialmente justa. Este libro evalúa la ejecución del plan y sus resultados en términos de ampliación del sector ecológico y establece recomendaciones de política pública para planes futuros.
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La presente obra, que alcanza su quinta edición, tiene como objetivo el análisis exhaustivo del Derecho administrativo sancionador, o Derecho penal administrativo, conjugando la perspectiva doctrinal y la práctica. Los autores, reconocidos especialistas en la materia, desarrollan una teoría general de la infracción administrativa, y un tratamiento completo del procedimiento sancionador. De esta manera, se proporcionan las pautas necesarias para hacer frente a los problemas que se pueden plantear tanto a quien ha de resolver problemas prácticos concretos, como a quien se dedica al estudio científico de esta rama del ordenamiento jurídico. En su confección, perfectamente actualizada conforme a las reformas de las Leyes 39/2015 y 40/2015, se han utilizado amplísimas referencias bibliográficas y jurisprudenciales, estas últimas procedentes sobre todo del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, aunque abundan referencias a resoluciones de otros órganos jurisdiccionales nacionales e internacionales. Por ello resultará extremadamente útil tanto para los profesionales del Derecho, como para las Administraciones públicas, al hacer accesible el estado actual del discurso académico y los criterios que vienen desarrollando los Tribunales de justicia. A tal fin se han empleado no sólo resoluciones procedentes de los Tribunales de lo contencioso-administrativo, sino también las que se desprenden de la jurisprudencia penal, las cuales muchas veces proporcionan una ineludible pauta para la solución de problemas en aquel otro orden. La obra presenta una amplia bibliografía final, también desglosada por capítulos, detallados índices sistemáticos y por materias, así como una cuidada estructura con diversos niveles de lectura, lo que permite la rápida ubicación de los asuntos y seleccionar el grado de profundidad con el que se quieren abordar.
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Esta monografía recoge un análisis detallado de una selección de sentencias que permite conocer la evolución y la actualidad de algunos de los aspectos más relevantes del régimen jurídico del profesorado universitario. La selección de sentencias se ha realizado atendiendo a distintos criterios. Además de la importancia de los pronunciamientos judiciales, se han considerado criterios de tiempo y oportunidad, de modo que se han recopilado, fundamentalmente, dictadas en los últimos diez años. Otro de los criterios tenidos en cuenta para la elección de las sentencias comentadas es el relativo a la mayor litigiosidad suscitada por las cuestiones enjuiciadas.
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El siglo actual, y especialmente los últimos años, han traído importantes cambios socioculturales en un mundo cada vez más globalizado y expuesto a situaciones de vulnerabilidad. El aumento de la esperanza de vida en las sociedades occidentales, el reconocimiento de la diversidad funcional y la necesidad del cuidado de las personas, debe ser replanteado en función de los nuevos retos. En este libro, a través de los trabajos de investigadores de distintas instituciones y nacionalidades, abordamos los cuidados desde diversas perspectivas, tratando cuestiones como la cultura, la aceleración del tiempo vivido, las emociones, la diversidad funcional, las corporeidades, la tecnología, el género, la profesión del cuidado o las repercusiones de las pandemias y sindemias.
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Ley de Prevención de Riesgos Laborales y Reglamento de los Servicios de Prevención 2ª Edición Tirant lo blanch
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La presente edición, sigue la sistemática de ediciones anteriores. En epígrafes sucesivos se incluyen las normas que regulan directamente algún aspecto de la contratación realizada por el sector público. Extensa y singularmente detallada, en primer lugar figura la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, ambas de 26 de febrero de 2014. Es la principal novedad que se recoge en la presente edición. Como se ha indicado, llama la atención la amplitud de esta Ley. Es la más amplia que se ha promulgado en la materia de contratación pública. Sus 347 artículos destacan frente a los 334 del TRLCSP 3/2011, los 309 de la Ley 30/2007, los 266 del Texto Refundido 2/2000 y los 219 de la Ley 13/1995. Esa tendencia al aumento también se observa en lo que respecta a las disposiciones adicionales. Las de la Ley 9/2017 son 53, las del TRLSP 3/2011 fueron 31. En cuanto a las formas, el articulado se organiza en un Título Preliminar y cuatro Libros, que se dividen en Títulos, que, a su vez, se dividen en Capítulos y Secciones, que, con una acusada insistencia en clasificar y dividir, se subdividen en subsecciones. A continuación de la Ley 9/2017 se incluye el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, el Real Decreto 541/2001, de 18 mayo, por el que se establecen determinadas especialidades para la contratación de servicios de telecomunicación, la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad. Dado el silencio que por el momento guarda el Congreso respecto a la aprobación del proyecto de Ley sobre los procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, por la que se transpondrá al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/25/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, ha sido necesario incluir aquí la Ley 31/2007, de 30 octubre, relativa al mismo asunto, así como la propia Directiva 2014/25. Como normas complementarias, en materia de pliegos de cláusulas administrativas, se incluyen el Decreto 3854/1970, de 31 diciembre, que aprueba el pliego de cláusulas administrativas generales para la contratación de obras del Estado, la Orden de 8 marzo 1972, por la que se aprueba el pliego de cláusulas generales para la contratación de estudios y servicios técnicos competencia del Ministerio de Obras Públicas, y el Decreto 2572/1973, de 5 octubre, por el que se aprueba el pliego de cláusulas administrativas generales para la contratación de equipos y sistemas para el tratamiento de la información y mantenimiento, arrendamiento y programas. En lo que respecta a revisión de precios, figura el Real Decreto 1359/2011, de 7 octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas. Se incluye, además, el Real Decreto 30/1991, de 18 enero, sobre régimen orgánico y funcional de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa (a la que la Ley 9/2017 ha cambiado el nombre, denominándola Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado), el Decreto 3186/1968, de 26 diciembre, el Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, la Orden HFP/1298/2017, de 26 de diciembre, y las Resoluciones de 17 mayo 1991 y 6 de abril de 2016. Igualmente se recogen parcialmente las Leyes de Costas, Autopistas, Carreteras y Aguas. Concretamente los artículos de estas normas relacionados con los contratos de obras dentro de sus respectivos ámbitos de aplicación. También se incluye la Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. Los textos están actualizados y, cuando procede, quedan concordados con numerosas notas y con remisiones recíprocas respectivas. El libro se completa con un extenso índice analítico final.
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Los días 24 y 25 de noviembre de 2022, se celebraron en Zaragoza las XXIII Jornadas de Derecho de Aguas dedicadas en esta ocasión a tratar de la Seguridad Hídrica y del Cambio Climático. Queda constancia con este libro la reflexión jurídica sobre el derecho de aguas realizada en ellas, incorporándose esta obra a la larga colección de textos que, estoy convencido, ha contribuido a mejorar la gestión del agua en España.
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Se aborda, desde una perspectiva práctica y de modo integral, el impacto del proceso electoral en el conjunto de las entidades que integran la administración local (municipios, Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares, Mancomunidades, etc.).
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El libro presenta los resultados del proyecto de investigación de la Generalitat Valenciana GV2020-043, ''Cláusulas de garantía del cumplimiento sociolaboral en contratas y subcontratas públicas: la necesidad de evitar la pérdida continua de condiciones laborales'', desarrollado desde el Grupo de Investigación en Desarrollo Territorial de la Universitat de València (GRIDET-UV). Tomando como base empírica la pérdida paulatina en las condiciones y garantías laborales del factor humano en las empresas contratistas de servicios públicos observadas en los últimos años en España, las limitaciones en el ejercicio del control laboral por parte de las Administraciones Públicas y el resultado de estudios anteriores, el trabajo combina un informe jurídico-técnico sobre la materia y la constitución de un grupo Delphi de personas expertas en Contratación pública. El resultado de la investigación es la propuesta de incluir determinadas cláusulas de garantía sociolaboral en los clausulados de los procesos de licitación pública, que pueden incidir de manera positiva sobre esta situación y la necesidad de articular procesos de auditoría sociolaboral de las organizaciones (tanto de carácter previo al contrato como durante el desarrollo del mismo). Una cuestión de vital importancia como son la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras y sus condiciones laborales.
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La presente monografía está pensada para apoyar y dar cobertura a la tarea del interventor a la hora de llevar a cabo el control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria.
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El presente texto constituye un manual para el estudio teórico práctico del derecho individual y colectivo de trabajo. Está elaborado por un grupo de profesores de orígenes diversos, de la universidad, de la judicatura y de despachos profesionales. Está pensado para servir de apoyo en la docencia y el estudio de las relaciones individuales y colectivas de trabajo. Se ha analizado la cuestión con rigor técnico y dimensiones adaptadas a la extensión real que nuestra disciplina tiene en los estudios universitarios en el momento actual.
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Esta obra analiza los retos de la gobernanza del agua y la reutilización y gestión sostenible de los recursos hídricos y del ciclo integral del agua, en el marco de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Se estructura en tres bloques que, desde la óptica del Derecho Administrativo, incluida la prevención de riesgos laborales, del Derecho Tributario y del Derecho Internacional y Penal, agrupan estudios jurídicos relacionados con el derecho al agua y al saneamiento, el uso y explotación de los distintos tipos de recursos hídricos y la gestión sostenible del agua. Se abordan, entre otros, aspectos administrativos sobre planificación hidrográfica y ordenación del territorio, seguridad y salud laboral, vertiente ambiental de los tributos, cánones vinculados a la producción de energía hidroeléctríca, a las aguas termales y minerales y al ciclo del agua, repercusión de costes, gestión transfronteriza del agua, cambio climático o amenaza de la seguridad hídrica, ecosistemas marinos o la protección penal de las aguas, El estudio desea contribuir, desde el ámbito del Derecho, al objetivo de garantizar el acceso universal y la gestión sostenible del agua, procurando la armonización de los intereses medioambientales, económicos y sociales en conflicto.
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En la presente obra se han recopilado los textos normativos, actualizados a julio de 2018, que de manera básica configuran el régimen jurídico de nuestro Régimen Local. Las disposiciones aparecen extensamente anotadas y concordadas, con la finalidad de contribuir a un mejor conocimiento de las interrelaciones existentes entre las mismas, así como con otras normas de relevancia para el estudio del Régimen Local. Entre otros, se incluyen los siguientes textos: - Carta Europea de Autonomía Local. - Ley de Bases de Régimen Local. - Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. - Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. - Texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario y Reglamento de desarrollo. - Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. - Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. - Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales. - Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. Además, en ProView, se incluyen normas sobre presupuestos de las entidades locales (Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre y Real Decreto 500/1990, de 20 de abril), contabilidad local (Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, Orden HAP/1782/2013, de 20 de septiembre y Orden EHA/4040/2004, de 23 de noviembre), la Ley 1/2006, de 13 de marzo, que regula el Régimen Especial del municipio de Barcelona, y la Ley 22/2006, de 4 julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid. Se completa con una sinopsis de las normas autonómicas dictadas sobre la materia, y un extenso índice analítico para facilitar su consulta. Este libro incluye el contenido esencial de consulta en las dos versiones, papel y digital, y una parte de la normativa complementaria solo en la versión digital, tal y como se indica en el sumario del mismo, lo que permite el mejor uso de la obra en cualquier soporte. El precio de esta obra incluye la publicación en formato DÚO sin coste adicional (papel + libro electrónico), actualizable.
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Sin duda la contratación laboral ocupa la centralidad de la reciente reforma laboral de final de 2021, por tal motivo dedicamos el presente trabajo al estudio de esta materia. Históricamente, la temporalidad ha sido un problema estructural del mercado laboral español por lo que durante décadas las distintas reformas laborales han tratado de reducir el porcentaje de contratos de duración determinada en aras a promover la regla general del contrato indefinido. En la reforma regulada por el RDL 32/2021, nuevamente se ha apostado por limitar el uso de los contratos de duración determinada y simultáneamente eliminar el contrato por obra y servicio, a la vez que se amplía el ámbito aplicativo del contrato fijo discontinuo para intentar encauzar a través de esta figura, el empleo que antes era temporal. Asimismo, la reforma incorpora un nuevo ajuste de la regulación de los contratos formativos, los viejos contratos de aprendizaje y prácticas pasan ahora a unificarse en un solo contrato laboral formativo que se expresa a través de dos manifestaciones distintas, de alternancia y de prácticas. Desgranar el alcance práctico de todas estas cuestiones constituye el propósito principal de este trabajo.
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El medioambiente ha sufrido daños desde la más remota antigüedad. Las continuas agresiones al entorno natural motivan la intervención del legislador dictando normas dirigidas a su tutela. Partiendo de un concepto actual de medioambiente, se analiza su protección jurídica en distintas etapas del derecho histórico (derecho antiguo, derecho romano, derecho visigodo y derechos históricos peninsulares de las Edades Media y Moderna). En concreto, se aborda la tutela jurídica de la fauna, de la flora, del agua o del aire como elementos básicos integrantes del medio ambiente. El trabajo se centra en el examen de una selección representativa de textos iushistóricos relativos a los daños y cuidado de los animales, la tala ilícita o destrucción de árboles, los incendios forestales, los daños en los montes, bosques, viñas, mieses, huertos, cultivos y vegetación en general, la salubridad y protección de las aguas, los malos olores, red de cloacas y alcantarillado, la limpieza de las calles o los vertidos a la vía pública y evacuación de residuos.
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En este libro se analiza como la transición justa afecta y va a afectar en un futuro próximo al mercado de trabajo. Este trabajo quiere enfocarse en concreto desde la perspectiva de género, aunque antes de asumir este objetivo introduce el concepto genérico para luego descender a la finalidad más concreta de la obra. Así, se analiza el concepto de la transición justa desde la óptica de los ODS y de la Estrategia Nacional de Transición Justa, incidiendo en este punto en las implicaciones de este concepto con el de empleo verde. Determinado este contexto, se examina el modo como la transición justa se erige en un instrumento de lucha contra la discriminación por razón de sexo en el marco de las relaciones socio-laborales. A partir de este momento, se introducen trabajo sobre la relación de la transición justa con el trabajo a distancia y la conciliación, con la economía de los cuidados, con la determinación de la jornada laboral, con el papel de las TIC, para terminar con un estudio que integra la perspectiva de género y el urbanismo.
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Aborda el estudio sistemático de la legislación europea y española sobre el derecho de acceso a la información púbica y el régimen legal de la transparencia, planteando las cuestiones generales y sectoriales de aplicación, el régimen legal del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, y la jurisprudencia europea y nacional habida sobre el tema.
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El objeto de este libro es presentar la Ciudad Activa y, sobre todo, cómo conseguirla porque la importancia de una pandemia global, como es el sedentarismo, ha vuelto aponer en primer término la salud y el papel de las ciudades para mantenerla.
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El Derecho Administrativo Europeo, en un sentido amplio, incluye el régimen jurídico de la ejecución del Derecho Europeo tanto por las Administraciones Públicas de los Estados miembros como por la Administración europea. Y, en un sentido restringido, hace referencia al Derecho de la Administración Europea, en cuanto que ejecutora directa del Derecho Europeo. Este Derecho Administrativo Europeo, en su acepción de Derecho de la Administración Europea, comprende el sistema de atribución de competencias ejecutivas a la Unión Europea y el sistema de fuentes que lo crea, la regulación de la organización de la Administración europea, el régimen jurídico de funcionamiento de la Administración Europea (en particular, los actos administrativos que adopta y el procedimiento que sigue, pero también los contratos públicos que celebra, las subvenciones que otorga y el control administrativo y jurisdiccional que se ejerce sobre ella), y en último lugar, regularía la ejecución concreta de sectores materiales de actividad de la Administración europea. Y es que el Derecho de la Administración Europea y el régimen jurídico de la ejecución del Derecho Europeo confluyen al regular la organización y la ejecución de cada de una de las Políticas europeas. De ahí que la última parte del libro aborde el estudio de la ejecución de algunas estas Políticas: la Política de Competencia, los Fondos Europeos y la Política Agrícola Común, lo que incluye no sólo las competencias, potestades y procedimientos de la Administración europea sino también la normativa europea que rige la ejecución por los Estados de esas Políticas. El Derecho Administrativo Europeo cada vez tiene más importancia no sólo para las Administraciones nacionales sino también para los personas físicas y jurídicas sobre las que ejerce sus competencias la Administración europea, de ahí que su estudio interese no sólo a los alumnos de Ciencias Jurídicas, Políticas o Económicas sino también a empleados públicos que ejecutan Políticas europeas o profesionales privados afectados por ellas.
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La participación ciudadana y el fomento del asociacionismo, así como los retos que dicha actividad plantea para el desarrollo de las funciones que los distintos colectivos tienen atribuidas, se sitúa en el centro del presente trabajo de investigación que hemos llevado a cabo. En particular, se ha desarrollado acciones dirigidas al estudio de las herramientas que aseguran la transparencia y la protección de datos personales de los migrantes por parte de las asociaciones y entidades ciudadanas afincadas en la provincia de Alicante, en un ámbito específico como es el del voluntariado dirigido al colectivo inmigrante, con la finalidad de contribuir a mejorar los mecanismos de protección de los datos personales que se manejan y, en consecuencia, la cultura de la transparencia en las actividades que dichas organizaciones realizan y también en sus relaciones con la Administración. Vincular en este estudio el asociacionismo y la participación ciudadana desde y hacia el colectivo migrante ha sido un reto desde el punto de vista de la investigación en este ámbito. En reiteradas ocasiones se ha puesto de manifiesto que hay una falta de conocimiento importante acerca del trabajo que desarrolla el voluntariado en España, a través de los diferentes colectivos y asociaciones en las que se integra. Ello se puede deber, por una parte, a que encontramos pocos estudios detallados sobre la materia -y, por tanto, no es posible conocer a fondo las características del mismo-y por otra, a que el voluntariado es muy disperso, abarca una gran variedad de perfiles y ámbitos de actuación. El presente trabajo coral sobre buenas prácticas de actuación con el colectivo migrante se ha insertado en la línea de transparencia y en particular, relativa a la actividad de las asociaciones y entidades que intervienen con la población migrante. El resultado de este debate-reflexión-mirada-lectura es la obra que aquí presentamos y que esperamos que le permita al lector aprender y aprehender, sobre protección de datos, transparencia, asociacionismo y voluntariado.
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La presente obra supone el encuentro de diversos especialistas en derecho laboral y en el ámbito de la administración que aportan con sus escritos una visión sobre la situación actual y la especialidad que la negociación colectiva tiene dentro del Sector Público Instrumental, contribuyendo también con propuestas y soluciones para su consideración. Así, se estudian los límites impuestos a la negociación derivados de razones de política presupuestaria, como la exclusión de cuestiones salariales del debate, o el efecto que tiene el mantenimiento de las tasas de reposición actuales frente a la aplicación de restricciones en la contratación temporal en el ámbito de las Administraciones Públicas. Se profundiza también sobre las posibilidades que existen dentro de la negociación colectiva y que debieran tener cierto protagonismo en la misma, como las refrentes al desarrollo de la carrera profesional horizontal, con especial atención a la situación del personal indefinido no fijo, el alcance del ejercicio del poder disciplinario por parte de la Administración, o cuestiones que en la actualidad han cobrado gran importancia como el teletrabajo o el derecho a la desconexión digital. Finalmente, se incide de manera específica en la situación del profesorado contratado en la universidad pública española y se añade desde el derecho comparado una visión del funcionamiento de la negociación colectiva en el Sector Público en la realidad chilena.
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Esta obra permite conocer la toma de postura del Estado español ante el factor social religioso. Esa toma de postura, adoptada a nivel constitucional, fija las coordenadas en las que se mueve la normativa que hace referencia a cuestiones religiosas. El núcleo del Derecho Eclesiástico del Estado está constituido por el alcance del derecho fundamental de libertad religiosa y del derecho a la igualdad y no discriminación. El reconocimiento real y efectivo de ambos derechos resulta una premisa ineludible para garantizar el respecto a la dignidad propia de cada ser humano, que se concibe como fundamento del orden político y de la paz social, tal como expresamente dice el art. 10.1 de la Constitución Española de 1978. La pacífica convivencia, la plena integración social de todos los ciudadanos y el respeto al pluralismo solo se pueden asegurar mediante la tutela de los comportamientos y actitudes que forman parte del haz de facultades de la libertad religiosa, así como del establecimiento de las medidas que impidan un tratamiento discriminatorio por razón de las creencias profesadas. El estudio de la regulación del factor social religioso obliga a tomar en consideración conceptos e instituciones fundamentales del ordenamiento jurídico. El elemento religioso está presente en valores como la moral, la equidad o el orden público, conceptos jurídicos indeterminados de carácter elástico, variable y flexible, que están ligados a la concepción social y política de una concreta sociedad en un determinado momento histórico. De igual modo, instituciones como el matrimonio o la familia, que constituyen elementos básicos de la sociedad, están imbuidas de connotaciones religiosas.
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LOS DIEZ ESENCIALES es una ambiciosa propuesta de Editorial Aranzadi: se trata de agrupar en ese número de pequeñas monografías los contenidos principales de cuestiones nucleares en nuestro ordenamiento jurídico. La sextra serie de Los Diez esenciales de Aranzadi, es el libro titulado Competencia y Derecho Administrativo. Autoridades de competencia, afección de relaciones privadas y contratación pública. En el libro se parte de la identificación de las conductas que quedan prohibidas por la legislación de competencia y a su régimen de aplicación, que corresponde tanto a la Administración, incluida la europea, como a los Tribunales de justicia. Se tratará de las autoridades administrativas de la competencia, y a partir de ahí se reflexionará sobre en qué medida y a través de qué mecanismos, las decisiones de las autoridades administrativas de competencia afectan a relaciones jurídico-privadas, lo que no solo sucede en el ámbito de la competencia. Se estudiará también la aplicación de la legislación de defensa de la competencia en el ámbito de la contratación pública, donde resulta imprescindible la coordinación entre los órganos administrativos de cada ámbito, inaugurándose un nuevo procedimiento a aplicar en caso de que los órganos de contratación detecten prácticas colusorias en una licitación. Todo un reto para estos, que presenta auténticas dificultades para los operadores que concurran a licitaciones de lo que ya es un mercado muy relevante, que es el de la contratación pública. En el libro se expone que lo relevante que protegen las normas que garantizan la defensa de la competencia y que justifica la intervención de los poderes públicos es, claramente, el funcionamiento del mercado, y no cualesquiera relaciones entre empresarios particulares, de carácter privado. Cada una de las diez monografías sigue la misma estructura: · Una exposición sencilla e introductoria del correspondiente núcleo temático. · Los Anexos que se considere pertinente (datos estadísticos, infografías, materiales, esquemas, selección normativa o jurisprudencial, etc.). La observancia de un mismo esquema y estilo debe permitir que se identifique claramente el librito como perteneciente a “Los 10 esenciales de Aranzadi”. A tal fin el método las preguntas y repuestas quiere garantizar la exhaustividad y abordaje franco, directo, de los problemas suscitados. Al frente de la Colección está Alberto Palomar Olmeda, responsable de su diseño, selección de las personas encargadas de acometerla y de escribir un epílogo de cada obra.
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Este libro expone las regulaciones principales de derecho sancionador y acto seguido las comenta con sentencias. Se tratan también los aspectos procedimentales del derecho sancionador. Y se incide enla casuística, por ejemplo en el urbanismo y sobre todo en los procedimientos disciplinarios y en el derecho europeo... La obra piensa en la praxis (fruto en parte de experiencias profesionales de unexperto en la materia) pero también se realizan algunas reflexiones y críticas. Esperemos que todo ello suponga un paso adelante para mejorar la praxis del derecho sancionador. Y que sea útil para todos aquellos que sufren sanciones.
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El debate sobre la gestión y organización de los servicios urbanos del agua ha crecido considerablemente en los últimos años. Especialmente tras el reconocimiento por parte de la Organización de las Naciones Unidas del derecho humano al agua en 2010 se discute cuál debe ser el nivel de la Administración Pública que regule y gestione la prestación de estos servicios tan esenciales para la vida de las personas. En nuestro ordenamiento, el agua está calificada como un bien demanial de titularidad pública y los servicios urbanos del agua se califican como servicios públicos, lo que comporta que su prestación recaiga bajo la responsabilidad de la Administración Pública. Este trabajo trata de ofrecer una radiografía actual de configuración de los servicios urbanos del agua en España, tanto en lo que respecta a su distribución competencial como en lo referente a los modos gestión y su régimen jurídico financiero. Expuesto este análisis, se destacan algunos de los retos y disfunciones del sistema actual, tales como el envejecimiento de las redes, el escaso nivel de recuperación de costes, la heterogeneidad de precios o el elevado déficit de transparencia en el sector. Por último, se analizan los marcos regulatorios de distintos países de nuestro entorno como son Reino Unido, Portugal e Italia, en los cuales destaca la presencia de una entidad reguladora de ámbito estatal que trata de velar por la sostenibilidad del servicio y la protección de los consumidores y usuarios. Algunos de estos modelos nos permiten apreciar un nuevo paradigma donde se introduce un regulador de ámbito estatal sobre servicios que permanecen bajo la titularidad de las entidades locales. La existencia de estas agencias invita a una reflexión final en cuanto al encaje jurídico que podría tener la creación en nuestro ordenamiento de una figura regulatoria independiente sobre los servicios locales del agua, así como las posibilidades y los retos que comportaría su implantación.
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Estudio multidisciplinar sobre la regulación jurídica de las nuevas tecnologías en el ámbito español y europeo. Los diferentes bloques en que queda conformada la obra, nos ofrecen una panorámica transversal con la profundidad y calidad que le aportan cada uno de los autores especialistas en la materia, de acuerdo con su experiencia profesional, investigadora y de gestión.
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La Unión Europea afronta en el presente una grave situación crítica. Una situación crítica que hoy se debe más a factores externos, que a los factores internos tradicionales. Factores externos entre los que se encuentra uno que la Unión nunca pensó que volvería a producirse: la guerra. El conflicto bélico producido en nuestras mismas fronteras por la invasión de Ucrania por las fuerzas de la Federación Rusa. Y, sin embargo, ese conflicto, si bien grave e indeseado, con enormes repercusiones de carácter económico, político y de seguridad, puede ser una gran oportunidad para el fortalecimiento de la Unión, para la profundización en su proceso de integración política y económica, para la realización de cambios jurídicos e institucionales que se habían dejado a un lado, para, en definitiva, su consolidación como la unidad política democrática más grande del mundo, que hoy en día ya es. Este libro reúne un conjunto de análisis detallados sobre la presente crisis y la medida en que ésta afecta a la UE y cuáles son sus respuestas. En este sentido, los análisis realizados se han centrado en problemas tales como la protección de los valores sobre los que se fundamenta la UE y, en particular, el Estado de Derecho, pero también la protección de los derechos fundamentales, la cuestión de la diversidad cultural de la Unión, los nuevos retos y desarrollos de la gobernanza económica, el Pacto Verde y la política de medio ambiente, la política de seguridad y defensa y las relaciones con la OTAN, y el debate sobre el futuro de Europa.
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Políticas Sociolaborales se concibe como un manual de estudio y consulta para la asignatura homónima de los grados en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Se trata de una obra colectiva en la que se desgranan, a partir de una definición descriptiva de dichas políticas y sus actores principales, las orientaciones fundamentales de cada una de ellas. Contextualizada en el sistema español de relaciones laborales, de empleo y de protección e inserción social, no rehúye un análisis de las claves programáticas de la Unión Europea y de las instituciones internacionales, básicamente de OIT. Por la densidad de sus contenidos, su aproximación crítica, y el tratamiento de cada materia por especialistas en ellas, trasciende el concepto de manual clásico para servir de libro de consulta para todas aquellas personas que se involucren a cualquier nivel en el ámbito socio-laboral.Los principales tópicos que se suscitan en el debate público y privado: el debate sobre el modelo del mercado de trabajo, modalidades de prestación de servicios, políticas en torno al contrato de trabajo, el entramado institucional y programático del empleo, la especial situación vulnerable de ciertos colectivos minoritarios o victimizados, el sistema de protección del desempleo y, en general, de Seguridad Social, o las medidas de inclusión social y lucha contra la pobreza, encuentran todos ellos amplio eco y reflexión.El libro, así pues, ocupa un espacio insuficientemente cubierto hasta ahora, en particular con la generalidad y amplios objetivos que aquí se persiguen.
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El recurso de apelación contencioso-administrativo atiende a un modelo de segunda instancia limitada porque cabe únicamente contra las resoluciones que se indican en la Ley, dictadas en asuntos que superen la cuantía de 30.000 euros, con algunas destacadas excepciones. Y porque no supone, strictu sensu, un nuevo análisis del asunto, sino una revisión de la adecuación a derecho de la resolución impugnada. El criterio de la cuantía es una limitación que admite excepciones adicionales a las contempladas ex lege en virtud de la importancia del asunto y las circunstancias concretas acontecidas desde la perspectiva de la situación personal de las partes, como exige el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y se ha razonado en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia. La Ley exige que el escrito de interposición sea razonado y la jurisprudencia ha establecido que la parte apelante deberá centrar su recurso en infracciones de hecho, de derecho y procesales, sin las limitaciones que se establecen en casación. El tribunal superior, además, deberá ceñir su decisión a los contornos de las pretensiones de las partes y, con la finalidad de dictar una resolución justa, resolver en base a las normas que sean aplicables, aunque no hayan sido indicadas convenientemente por las partes, formular, si procede, argumentaciones no ofrecidas por las mismas, al hilo de las alegaciones presentadas, plantear motivos que sean decisivos para la solución del caso y tener en consideración el debate acontecido en la instancia en todos sus extremos, incluidos aquellos aspectos que sean fundamentales para la solución del caso, aunque no hayan sido alegados por las partes. La regulación del recurso de apelación contenida en la LJCA y, supletoriamente, en la LEC, ofrece un destacado ámbito de discreción al órgano judicial en la admisión y resolución de los asuntos. El buen funcionamiento de este instrumento de impugnación al servicio del derecho a una tutela judicial, que debe ser efectiva dependerá de la interpretación, más amplia o más restrictiva, que los órganos judiciales realicen de las normas aplicables.
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