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Un archivo inédito del Cuerpo Jurídico Militar ha permitido al autor investi gar durante más de cinco años, uno a uno, los expedientes de condenados a muerte que a partir de 1939 fueron remitidos al Jefe del Estado para que decidiera la conmutación de la pena capital o su ejecución. El número real de ejecutados, unos 15.000, fue inferior a las cifras publicadas hasta ahora. Sobre todo, una Orden del propio Franco de enero de 1940 favoreció que la mayor parte de las condenas a muerte fueran conmutadas. Una obra con centenares de casos y testimonios de enorme dramatismo que muestran la trágica dureza de la posguerra, pero que al tiempo sitúa en sus justos límites la larga polémica en torno a la represión y las penas de muerte ejecutadas y su proceso.
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La coyuntura más crítica de la España contemporánea fueron las 72 horas transcurridas entre la tarde del 17 de julio y la del 20 de julio de 1936. En ese breve lapso de tiempo, una situación de paz –por conflictiva que fuese- dio paso a una Guerra Civil de casi tres años, que alteró de forma duradera el destino de 25 millones de españoles, así como el de las generaciones posteriores. El hecho crucial de esos días fue que la rebelión de la mayor parte del Ejército y la Armada, con sus apoyos civiles, comenzó al margen de los planes del Director de la conspiración, el general Emilio Mola, así como del jefe militar que debía iniciar el movimiento: el general Francisco Franco. Este último tenía previsto declarar el estado de guerra en la zona española del Protectorado de Marruecos entre el 20 y el 21 de julio, pero la delación de un infiltrado en la Falange melillense precipitó al menos en tres días el golpe de Estado.
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La mayor tragedia política y social de la España contemporánea fue el fracaso de la Segunda República, un proyecto democrático que nunca logró cumplir las expectativas generadas cuando los políticos republicanos llegaron al poder en abril de 1931. Fue un fracaso innecesario. La Segunda República pudo ser un régimen perdurable y positivo para el país, que seguiría vigente en el día de hoy. De haber mantenido la neutralidad en la Segunda Guerra Mundial, los beneficios habrían sido evidentes, así como los derivados de su posterior inclusión en el Plan Marshall de recuperación de la economía europea, a partir de 1947. Y España también podría haber sido uno de los socios fundadores, en 1957, del Mercado Común, la actual Unión Europea. La quiebra del proyecto, en julio de 1936, fue el resultado de una serie de factores, el más determinante de los cuales fue la ausencia de cultura democrática por parte de la mayoría de los gobernantes republicanos.
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