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Un libro jurídico que se ha convertido en clásicoLa presente obra pretende ofrecer una visión global sobre los modelos de solución de litigios disponibles en España. Ello incluye tanto los medios alternativos (ADR) como la justicia estatal. El punto de arranque de la exposición reivindica, una vez más, el protagonismo del ciudadano, que se ve abocado a convertirse en usuario de alguno de los sistemas de solución de litigios. Cuando es posible, se le invita a ejercer su libertad, eligiendo el modelo. En otro caso, se desmenuza la oferta básica de la justicia estatal en sus diversos componentes: la infraestructura (tribunales y recursos humanos), el escenario de trabajo (los juicios y su proyección en los diversos sectores del ordenamiento), las comunicaciones, la profesionalización de la defensa y la estructura de costes de un litigio. Completan la exposición las garantías constitucionales, verdaderos protocolos de calidad de todo modelo de solución de litigios. La presente edición actualiza la información afectada por las últimas reformas legislativas.
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La presente obra contiene una exposición sumaria del modelo de juicio civil, adaptada a los tiempos y cabida de los nuevos planes de estudios, según el denominado plan Bolonia. En ella se trazan las líneas maestras de las instituciones procesales, simplificando el lenguaje y reduciendo los contenidos a lo que se considera la esencia del sistema de la justicia estatal en materia civil y mercantil.
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La situación del enjuiciamiento criminal en España desde el punto de vista legislativo hace tiempo que ha tocado fondo.En este momento existen verdaderas dificultades para fijar siquiera los textos legales vigentes, dado el cúmulo de reformas legislativas extravagantes -algunas a medio hacer- que se han prodigado en los últimos años. La presente obra expone de forma clara el sistema de juicios penales tal como ha quedado diseñado tras la última reformas legislativas.Ello incluye, entre otras muchas materias, los juicios rápidos, los juicios sobre violencia doméstica y de género -incluida la orden de protección de las víctimas-, la orden europea de detención, el Tribunal Internacional de Justicia, los límites de la jurisdicción universal de los tribunales españoles, la revisión de los presupuestos de la presión provisional, el nuevo marco legislativo del juicio abreviado, la promoción de la conformidad del imputado e incluso los síntomas que abocan a generalizar la segunda instancia en los juicios penales. La reflexión crítica sobre estas materias, a la luz de las garantías constitucionales, ayuda a mitigar el compás de esperar de una más que necesaria sustitución de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
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