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Cuestión migratoria y Estado de Derecho van de la mano. En primer lugar, porque los Estados de la UE no pueden dejar solas y desprotegidas a miles de personas en condición de especial vulnerabilidad, que llegan al territorio de la UE, para salvar sus vidas, porque se arriesgan a ser perseguidos y a sufrir violencia por la existencia de contextos de involución democrática o por la presencia de un conflicto bélico o de una catástrofe ambiental. Sería contrario a los principios básicos de los modernos Estados constitucionales de Derecho, pero además significaría tener poca memoria porque la UE se ha convertido en tierra de acogida solo en las últimas décadas, antes ha sido durante largo tiempo tierra de emigración.¿Pero por dónde empezar a gestionar este fenómeno? Se debería comenzar por dónde inició todo, es decir por el derecho de asilo. Se debería repensar el alcance, el contenido, los límites y los efectos de este instituto, sobre el que se ha construido el Seca y se han desarrollado los institutos afines de protección internacional, y ver cómo la UE y sus Estados miembros pueden protegerlo dentro de sus confines, así como más allá de sus fronteras en los Estados de origen y tránsito de la inmigración, considerando la dimensión interna, así como la dimensión externa de la política migratoria.Por todo ello, la presente obra se propone contribuir a la elaboración de una nueva configuración del derecho a la protección internacional, a través de la extensión de su alcance y contenido a un mayor número de personas, del desarrollo de vías de acceso legal y de mecanismos de externalización y control de las fronteras, con la inclusión de las herramientas de IA, que respondan a un enfoque basado en los derechos humanos.
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La respuesta al fenómeno de la violencia juvenil es un tema poliédrico que exige un tratamiento riguroso y multidisciplinar, y en el que la respuesta judicial ha de ser el último recurso en la acción institucional y solo para los casos de mayor gravedad. El proceso penal de menores, como un sistema complejo, se articula sobre unos principios propios y diferenciados de los que caracterizan el proceso de adultos. Entre estos, el principio de interés superior del menor, y el principio de oportunidad juegan un papel transformador en el tratamiento jurisdiccional del menor infractor, informando cada una de las fases y posibilidades del proceso, condicionando a su vez la actuación de las partes y del Juez. Se trata de un proceso con autonomía propia en el que convergen un conjunto de opciones y sensibilidades, que han de dar lugar a un adecuado equilibrio entre la necesidad de justicia de una sociedad moderna y responsable, la responsabilidad penal de los menores infractores, y la protección de los mismos en dicha sociedad. Con este fin, ve la luz la presente obra, que pretenden, desde la óptica de los principios y garantías que lo rigen, acercar el sistema de justicia penal, y el proceso penal de menores, a todos aquellos que, desde los distintos perfiles profesionales, desarrollan un trabajo responsable y comprometido para dar una respuesta adecuada a la criminalidad e intervención social con menores, construyendo de esta forma una sociedad más justa.
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